Luz verde para la retirada de neumáticos en el depósito ilegal de Yunclillos
El objetivo del Gobierno es que al final de esta legislatura no quede "ni un solo depósito de neumáticos ilegales" en Castilla-La Mancha. La Junta recuerda que con la futura Ley de Economía Circular serán las empresas las que a través de una fianza y tasas las que asuman las malas praxis en su trabajo
El Ejecutivo regional retirará los neumáticos del depósito ilegal que existe en Yunclillos, en la provincia de Toledo. En concreto, van a retirar unas 1.493 toneladas de neumáticos, casi la mitad de las que también a retirar en el depósito de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) -2.798 toneladas- y mil más de las que quitarán en Cervera del Llano (Cuenca) -472 toneladas-.
Así se va a llevar a cabo después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado la autorización para contratar a la empresa pública Tragsa, que llevará a cabo esta labor en el que es el depósito con neumáticos más grande todavía existente en la región, el del municipio ciudadrealeño .
“El coste total asciende a 814.830 euros y se encuadra en el plan puesto en marcha por el Gobierno regional de retirada de neumáticos en todos los depósitos ilegales de la comunidad autónoma, y el de Argamasilla de Alba es el depósito más grande todavía abierto", ha explicado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. En este caso como la cuantía supera los 500 mil euros ha tenido que ser autorizado por el Consejo de Gobierno aunque también se van a retirar neumáticos de los otros dos depósitos ilegales mencionados en Yunclillos y Cervera del Llano.
"De esta manera cumplimos el compromiso de Emiliano García-Page y al finalizar esta legislatura no quedará ni un solo depósito de neumáticos ilegales en nuestra región”, ha apuntado el consejero. En estos casos, la Administración regional correrá con los gastos de la retirada y posteriormente repercutirá el coste en los particulares propietarios de estos depósitos.
Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha
El consejero de Agricultura ha recordado que con la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que estará en período de exposición pública a partir de octubre y que el Gobierno espera tener aprobada antes de que finalice esta legislatura, las empresas que a partir de ahora gestionen residuos tendrán la obligación de depositar una fianza en función de la peligrosidad de los residuos que gestionen cuando quieran instalarse en Castilla-La Mancha.
“De tal manera de que en el caso de que existiera cualquier problema ambiental, será la empresa la que corra con los gastos de la gestión de dichos residuos o de la restauración medioambiental en sus explotaciones o naves industriales”. “Es una Ley muy importante para este Gobierno, pretende ser una ley innovadora en nuestro país, y es el reflejo de la importancia que en esta región el Gobierno le da a las cuestiones medioambientales”, ha asegurado el consejero.
Además de esas fianzas, se va a poner en marcha con esta futura norma, una tasa específica para aquellos residuos que vayan a vertedero, “de tal forma que se aplique en la práctica una cuestión fundamental de la normativa comunitaria europea en materia de medio ambiente que es el principio de que quien contamina paga”, concluye el consejero.
