Los propietarios privados no facilitan sellar el amianto: solo uno lo ha autorizado hasta ahora

Algunos de los propietarios de las parcelas que mantienen restos de amianto en el barrio del Polígono de Toledo siguen siendo el principal escollo para las tareas de su sellado. Así lo ha dado entender el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, al afirmar que por ahora tan solo uno de los siete particulares a los que la Junta les ha requerido el acceso, ha dado su autorización. En este último caso, las tareas de sellado comenzarán este mismo mes de octubre.

El Ejecutivo castellano-manchego dice estar trabajando con la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto y con la Asociación de Vecinos El Tajo, y “dando plazos razonables” a los particulares. Pero ha añadido que se trata de “un problema muy complejo porque requiere que los particulares den su permiso para entrar en las parcelas”.

En base a ello, el consejero ha detallado que pueden darse dos caminos: por un lado, realizar las tareas de sellado en aquellas zonas donde se vaya obteniendo autorización, y por otro, acudir en última instancia a los tribunales para que den permiso a la Administración. “Confiamos en que los jueces lo hagan, teniendo en cuenta el informe que realizó al respecto (sobre los restos de amianto en Toledo) la Fiscalía de Medio Ambiente”.

En este caso, la Junta actuaría de forma subsidiaria, pasando el gasto del sellado a los particulares, “que son los responsables”. “Al igual que mantenemos la máxima de que quien contamina, paga, el que tiene el amianto en su parcela, debe responder por ello”, ha remarcado.

“La casuística es muy compleja”, ha insistido, poniendo como ejemplo que una de las parcelas no tiene propietario conocido desde hace más de un siglo, y no se puede entrar sin autorización. “Aún así, según avancemos en una parcela, confiamos en poder ir entrando en otras; tenemos que aplicar el sentido común y resolverlo conforme a la ley”.

Al hilo de ello, ha recordado que el Gobierno regional está ultimando las fianzas que deberán pagar aquellas empresas instaladas en la región que trabajen con materiales contaminantes, y que se materializarán a través del Plan de Gestión de Residuos y de la nueva Ley de Economía Circular.