Instan a municipios de la Sierra de San Vicente a impulsar programas CER para controlar colonias felinas

Gatos de una colonia felina en Toledo / Foto: Fidel Manjavacas

Castilla-La Mancha aprobó hace ya casi un año su Ley de Bienestar y Protección Animal, una normativa que, entre otras cosas, remarca en uno de sus artículos que corresponde a los municipios velar para que las colonias felinas no produzcan molestias a los vecinos, ni a sus bienes, y evitar que se dé lugar a una masificación del número de colonias o del número de gatos que albergan. Sin embargo, en muchas localidades el control de la población de estos animales, su salud y las molestias que puedan generar siguen siendo un problema sin resolver.

En este sentido, la protectora Abrazo Rescate Animal, con área de intervención principalmente en la comarca de la Sierra de San Vicente, ha mostrado su preocupación por la gestión pública de la situación de los animales abandonados en los pueblos de la zona. "A los problemas habituales de abandono de perros y gatos y la aparición de camadas no deseadas por la no esterilización de los animales por parte de sus propietarios se une la inacción por parte de las administraciones locales para abordar esta problemática", explican a este medio desde la protectora.

Por ello, siguiendo "ejemplos como el de Talavera de la Reina", indican que han ofrecido a diversos municipios del entorno su colaboración y asesoramiento para la puesta en marcha de programas CER (captura, esterilización y retorno) de colonias felinas, así como actividades de concienciación a la población y acciones que se encaminen a instar a los propietarios a identificar y esterilizar a sus animales de compañía. "Sólo necesitamos que los municipios asuman su obligación y comiencen sin demora a abordar esta gestión", agregan.

Y es que, tal y como lamentaron a través de sus redes sociales, un año después de la aprobación de la mencionada normativa -sobre la que está pendiente elaborar un Reglamento de desarrollo- hay ayuntamientos que emiten bandos en los que "responsabilizan a las personas que alimentan a los animales en la calle de los problemas ocasionados por estos". Y es que cabe recordar que el control de las colonias felinas depende también de las ordenanzas municipales.

"La responsabilidad para su control la ostentan los propios municipios"

Precisamente, "la situación más preocupante se produce en relación a las colonias felinas, para las cuales se insta a alimentadores a que no alimentan y a las protectoras a hacerse cargo de estos animales, obviando que en la nueva Ley se refleja que la responsabilidad para su control la ostentan los propios municipios", indica la protectora sobre el bando que en este caso emitió el Ayuntamiento de San Román de los Montes hace escasos días.

En él, se exponía que en las últimas fechas se estaban registrando "incidencias -especialmente en urbanizaciones- relativas a perros y gatos sueltos, abandonados o extraviados, difícilmente identificables, que dan lugar a innumerables quejas vecinales por su intrusión en parcelas o propiedades produciendo daños en las mismas".

"Si una persona fuera tan sensible ante estas situaciones, rogamos entreguen (si pueden capturarlos) estos animales a protectoras, o en cualquier caso no les echen comida, así con toda probabilidad se alejarán del entorno en el que se encuentran, evitándose sus molestias", apuntaba el bando municipal.

Gato callejero en Toledo / Fotografía: Asociación Animalista Su Voz

Solicitan implantar programas con financiación pública

Desde Abrazo Rescate Animal explican que "la situación se agrava si cabe, por la existencia de numerosas urbanizaciones pertenecientes a los pueblos de San Román, Cazalegas y Pepino, donde los animales campan sin ningún tipo de control ante la ausencia de intervención por parte de las autoridades". Así, indican que hay vecinos y vecinas que intentan ocuparse del bienestar de estos animales pero que hay personas que "se ocupan de ellos sólo en verano de tal forma que, cuando se marchan, los animales se quedan desamparados, produciéndose entonces las molestias por el acceso a los contenedores o a propiedades particulares en busca de sustento".

Así, las protectoras recuerdan que no disponen de recursos para atajar este tipo de situaciones, pues requieren de "la implantación de programas de control poblacional con financiación pública para que esta problemática no se siga perpetuando en el tiempo".