El punto de inflexión a las movilizaciones sociales que supuso el desahucio de Maricarmen en Madrid no ha servido para que el Congreso de los Diputados dé luz verde a ninguno de los dos decretos sobre vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros.
En una votación que trasciende el contenido de las propias medidas. El rechazo de PP, Vox y Junts -al que se suma UPN- deja al Gobierno de Pedro Sánchez sin poder sacar adelante su principal respuesta ante la crisis habitacional y abre la puerta a la convocatoria de elecciones generales. Según han trasladado medios como elDiario.es, el presidente decidirá este fin de semana si hay un adelanto electoral.
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Los dos reales decretos que han sido tumbados este viernes incluían medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible, reforzar la protección frente a los desahucios, limitar determinadas adquisiciones de vivienda, proteger a los inquilinos y modificar distintas reglas fiscales relacionadas con la vivienda. El segundo texto abordaba, además, la prórroga automática de los alquileres.
La votación llega después de días de intensa movilización social. La vivienda ha pasado a ocupar el centro del debate político y las protestas han tenido uno de sus principales símbolos en la acampada de la Puerta del Sol, impulsada tras el desahucio de Maricarmen, aunque también se han replicado en decenas de ciudades del país como la de Toledo, donde se han sumado otros casos como el de Rosario.
El Ejecutivo había presentado los decretos como una respuesta a esa presión social y había reclamado a los grupos parlamentarios que permitieran su aprobación. Pero la aritmética parlamentaria se ha impuesto. Junts reclamó la retirada de los decretos y la negociación de un nuevo texto que incorporase sus condiciones. El Gobierno decidió mantenerlos y llevarlos igualmente al Pleno, después de defender que llevaba meses trabajando en las medidas y que los textos ya incorporaban aportaciones de distintos grupos.
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Una derrota que va más allá de la vivienda
El problema para Pedro Sánchez no termina con la caída de los decretos. La votación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que lleva meses acompañando a la legislatura: hasta dónde puede llegar un Gobierno que no dispone de una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante sus principales iniciativas.
La vivienda era, además, una de las materias en las que el Ejecutivo había decidido asumir el coste político de intervenir. La derrota deja ahora sin efecto esas medidas y, al mismo tiempo, ofrece a la oposición un argumento más para cuestionar la capacidad del Gobierno en esta legislatura.
En este sentido, parece aproximarse la convocatoria electoral que tanto tiempo llevan pidiendo PP o Vox e incluso otros líderes socialistas como el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que este mismo viernes afirmaba que los españoles deben "recolocar el puzzle" si hay elecciones después de que el "mando" -en esta legislatura- lo haya tenido la "extrema derecha independentista".
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