El pasado 27 de diciembre se aprobó el real decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que deberán implantarse a partir de 2023. Como la mayoría de municipios obligados a acotar una zona de circulación de vehículos restringida en función de lo que contaminen, Talavera de la Reina no ha cumplido con el plazo establecido el 1 de enero de este año para tenerla en funcionamiento y elaborará ahora su implantación.
Su objetivo es poder implementarla a final de año. Lo hará a través de una ordenanza que va a regular la ZBE y en la que el Gobierno local quiere promover la participación de la ciudadanía para su elaboración, según ha destacado el concejal de Contrataciones y Seguimiento de Concesiones, Luis Enrique Hidalgo.
Una vez se concrete esta ZBE, durante algunas semanas se incidirá sobre todo en dar información al ciudadano sobre vehículos autorizados, cómo pedir permisos extraordinarios, autorizaciones de acceso, etc. Y las restricciones sobre vehículos se irán haciendo paulatinamente en varias fases hasta 2030, recuerda el equipo de Gobierno.
El diseño de la zona se ha realizado gracias a una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, mientras que el contrato de suministro y la obra para la implantación de la ZBE tiene un precio de licitación de más de 1,3 millones de euros y está cofinanciado en un 90% por la Unión Europea Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta semana se ha dado un paso más en esta tramitación ya que la Junta de Gobierno Local celebrada ha dado luz verde a la clasificación de la propuestas de adjudicación de la empresa que será la que ejecute la instalación de las cámaras y sistema informático que regule esta zona "si el procedimiento acaba en buen fin", precisó el concejal.
Y es que ha indicado que la empresa aún tiene que presentar una serie de documentación que avale la oferta que ha presentado y, a partir de ahí, se pasaría a la adjudicación definitiva y a la firma del contrato, comenzando entonces el plazo de ejecución, que es de unos 10 meses.
Además, de las cámaras, la adjudicación del contrato también contempla la instalación de la señalización horizontal y vertical, paneles informativos que den cuenta del estado del tráfico y sensores de medición de la calidad del aire en toda la ciudad.
Consulta ciudadana
Así, a partir de febrero, se van a llevar a cabo una serie de consultas a asociaciones de vecinos, empresariales, comerciales y agentes sociales para conformar la ordenanza de la ZBE, una que "tendrá en cuenta las necesidades de estos colectivos". En este sentido, Hidalgo manifestó que la implantación de la ZBE contará con "excepciones" que van a consensuar también con todos ellos.
El fomento del transporte público será una de las prioridades, al igual que la mejora y ampliación de las vías ciclistas para facilitar el tránsito con bicicletas y otros vehículos de movilidad personal (VMP), trasladan desde el Consistorio.
Hidalgo ha indicado que desde el equipo de Gobierno se va a buscar "llegar a un equilibrio que sea del agrado de todos" y que "en ningún caso habrá una prohibición total y absoluta del paso de vehículos rodados a esta zona". "Será una zona muy beneficiosa para mejorar el aire de la ciudad sin perjudicar la actividad económica o el día a día de los vecinos", agregó.
Finalmente, el concejal ha recordado que esta zona de bajas emisiones se pondrá en marcha para cumplir con una normativa que viene impuesta desde la Unión Europea para cumplir con la Ley del Cambio Climático por la que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben desarrollar, desde el 1 de enero de 2023, una reserva de tráfico destinada a reducir la contaminación.
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