Las secuelas de la crisis económica todavía sigue presente en el día a día de muchos ciudadanos. Así lo reflejan, por ejemplo, los últimos datos actualizados de lanzamientos de vivienda practicados durante el primer trimestre del año 2019 en la provincia de Toledo, en el que se han registrado un total de 211 desahucios, una cifra que, no obstante, desciende en comparación con el mismo período (enero, febrero y marzo) de los últimos años, siendo la más baja del último lustro.
En concreto, la provincia ha registrado casi un centenar de desahucios menos que el año pasado -305-, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 360 lanzamientos, 262 en 2016, 373 en 2015 y 222 en 2014. Los último datos de la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la crisis económica siguen reflejando también la tendencia al alza de los impagos por alquiler.
Estos datos corresponden al número total de lanzamientos practicados, es decir, los que se han llevado a cabo finalmente de los dictados por los juzgados. En total, en el año 2018 se practicaron en la provincia de Toledo 1.010 lanzamientos, 1.116 en 2017, 1.056 en 2016, 1.317 en 2015, 1.024 en 2014 y 1.290 en 2013.
Desalojos por el impago de alquiler
Por otra parte, respecto a los datos de desahucios llevados a cabo en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, de aquellas operaciones de lanzamiento judicial ejecutadas para el desalojo de los inquilinos por no pagar el alquiler, el número de desalojos se ha reducido en el primer trimestre de 2019 (enero, febrero y marzo) respecto a los últimos años.
Concretamente, según este informe, que refleja como en Castilla-La Mancha se incrementó de manera paulatina durante el 2018 este tipo de lanzamiento, las operaciones de lanzamientos por impago del alquiler en la provincia de Toledo en el primer trimestre del año alcanzaron los 118, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 144 y en 2017 a 139. En años anteriores, el dato por este tipo de lanzamiento ascendió a 139 lanzamientos en 2017, 110 en 2016, 137 en 2015 y 102 en 2014.
Podrán ser beneficiarios las personas mayores de edad titulares de un contrato de arrendamiento que sea domicilio habitual y permanente, cuya renta no supere los 500 euros mensuales.
Estas ayudas también estarán destinadas a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que tengan inmuebles en alquiler y cuya rente sea inferior a 600 euros mensuales. Para ello deben destinar la vivienda arrendada a alojar a personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
En cuanto a importe de las ayudas, se concederá hasta un 40% de la renta mensual en el programa general, que podrá llegar hasta el 50% en el caso de que los solicitantes tengan más de 65 años, siendo la mitad de la renta en todo caso en el programa de jóvenes. La ayuda será igualmente del 50% de la renta en el segundo bloque, el programa de ayuda para asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 9.175.600 euros. La resolución de bases regula tres programas relacionados con el alquiler de viviendas. El primero de ellos está dirigido a personas de 35 años o más con escasos medios económicos; el segundo va dirigido a a mayores de 18 años y menores de 35 años; y el tercero es el bloque de ayudas destinadas a los colectivos sociales.
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