La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha anunciado su adhesión a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, anunciada por los sindicatos CCOO y UGT en respuesta a reivindicaciones de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos.
En un comunicado emitido este martes, la Plataforma ha realizado un llamamiento a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.
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"El derecho a una vivienda adecuada obliga a las administraciones a respetarlo absteniéndose de desalojar sin garantías, a protegerlo frente a la especulación de fondos y grandes tenedores, y a garantizarlo con medidas positivas -parque público, alquiler asequible, alternativa habitacional real- allí donde el mercado lo niega", ha señalado la Plataforma.
Entre sus reivindicaciones, el colectivo castellanomanchego ha reclamado medidas para frenar la especulación, valorando la vivienda como un derecho fundamental recogido en la Constitución y no un bien de consumo; el establecimiento de medidas para aumentar la seguridad en los contratos de alquiler, o la detención de todo desahucio sin una vivienda alternativa, con especial protección a las personas vulnerables.
Asimismo, han reclamado políticas activas como la disposición de más vivienda pública y vivienda de alquiler social de gestión pública y asequible.
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La Plataforma ha defendido la legalidad y adecuación de la convocatoria de huelga, apelando al reconocimiento del derecho a huelga en protestas de carácter político, económico y social, más allá de conflictos laborales.
Además, ha reivindicado el protagonismo de los sindicatos de inquilinas en esta convocatoria, argumentado que "son ellos quienes, en los barrios y en los juzgados, llevan años documentando desahucios, acompañando a las familias y situando la vivienda como una causa tan central para la clase trabajadora como el salario".
Reclama medidas a la Junta
Finalmente, la Plataforma ha apuntado a la responsabilidad específica de la Junta, señalando que, a su juicio, "no se ha realizado un esfuerzo legislativo para regular el alquiler en la región, ni se ha declarado una sola zona de mercado residencial tensionado, pese a que varios municipios reúnen ya los indicadores para hacerlo".
"La respuesta de la Junta a la crisis de vivienda ha apostado casi en exclusiva por la construcción de vivienda nueva y la reclasificación de suelo, en lugar de priorizar la adquisición de vivienda ya existente o el uso del tanteo y el retracto", han señalado, criticando que la Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha supone "un nuevo parche que prioriza la construcción y la reclasificación de suelo frente a instrumentos más ágiles y eficaces".
Finalmente, han subrayado que la Administración autonómica "sigue sin garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables que son desahuciadas, dejando esa responsabilidad fragmentada no solo entre las distintas consejerías competentes, sino también entre estas y los ayuntamientos, sin que exista un protocolo claro de coordinación entre ambos niveles de la administración".
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