La Justicia Gratuita atendió más de mil casos de violencia de género en Toledo durante 2023, el 13% de todas las designaciones

El Colegio de la Abogacía de Toledo celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio / Foto: Colegio de la Abogacía de Toledo

Las designaciones totales en el ejercicio 2023 en la jurisdicción de Toledo de la Asistencia Gratuita fueron 8.417 casos, de los cuales, el 13% fueron de casos de violencia de género, que equivalieron a un desempeño laboral de los profesionales de la abogacía cuyo importe asciende a un total de 1.980.807 euros, un 10% más que en el ejercicio anterior.

Así lo dio a conocer el Colegio de la Abogacía de Toledo (Icatoledo) en el que acto que celebró este pasado viernes por el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, en el que se llevó a cabo el reconocimiento de la labor de los letrados y se dio lectura de Manifiesto.

En total, apuntan, de los 769 abogados y abogadas ejercientes, la justicia gratuita la imparten, por géneros, un 54% de abogados, y un 46% de abogadas en la demarcación de Toledo.

De su lado, los 268 profesionales de la abogacía inscritos al Turno de Oficio en Toledo atendieron desde la demarcación del Colegio de la Abogacía de Toledo en 2023 un total de 11.848 asuntos (un 7% menos que en 2022), de los cuales, 6.788 casos fueron del Turno de Oficio, 4.179 de Asistencia Letrada y 882 casos de violencia de género, según las cifras recogidas en el XVIII Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Aranzadi La Ley.

Reconocimientos y reivindicaciones

Entre los abogados y abogadas reconocidos este año, estuvieron los letrados Alejandro Javier Díaz-Suelto Villarrubia, Gema Villanueva Ortega, Raquel Castaño Castaño, Agustín Gómez González, Ángel Benito Pérez Elvira, Mateo Álvarez de Toledo e Isidoro Sánchez Torres.

En este acto, el decano de Icatoledo, Ángel Cervantes, junto a la Junta de Gobierno del Colegio y los presentes en el evento, pusieron en valor "la extraordinaria labor que las instituciones colegiales en general, y los abogados y abogadas en particular, llevan a cabo día a día para hacer posible el mandato constitucional de garantía del acceso a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas más desfavorecidas y vulnerables, gracias a la profesionalidad de los compañeros y compañeras que componen el Turno de Oficio y a la gestión colegial para arbitrar el beneficio a la Justicia Gratuita”.

El Colegio de la Abogacía de Toledo celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio / Foto: Colegio de la Abogacía de Toledo

“El Colegio de la Abogacía de Toledo se enorgullece de todos sus colegiados y colegiadas (…) somos la única profesión a la que se hace mención expresa en el texto de nuestra Carta Magna, y nos complace hacer gala de ello con motivación, con esfuerzo y la máxima profesionalidad”, puntualizó el decano.

Por otro lado, Cervantes pidió un pacto de Estado por la Justicia donde todos los partidos políticos, sindicatos, procura, judicatura, etc den respuesta a esta situación. Un pacto de Estado, como al que se llegó por parte de todos los agentes implicados en 2001, y que toca “mojarse” de nuevo, en defensa de los españoles.

Ante esta situación Cervantes informó que entre las principales reivindicaciones del colectivo está la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que cumple 28 años, con la homogeneización de los baremos en todas las comunidades autónomas, al alza, ya que ante mismos procedimientos “no podemos ir a dos velocidades”, matizaba el Decano.

También se exige "la garantía universal de cobro de todas las actuaciones realizadas". "Es decir, cuando hay un detenido, si no se llega a abrir un expediente de Justicia Gratuita, asistes a ese señor en el momento de su detención, por poner un ejemplo, y si el señor no inicia expediente, no se abona, aunque el trabajo se ha realizado", explicó el decano.

“A mi quien me designa es el Estado para poder ofrecer esa asistencia gratuita obligatoria, si es solicitada, no me designa el detenido, por lo que ese trabajo realizado lo tiene que cobrar el profesional que lo ha realizado. Es de justicia”, apuntillaba. También apuntaba a la creación de servicios de orientación jurídica especializada para personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, presos o menores.