El Gobierno de Castilla-La Mancha no tendrá agenda pública este miércoles, 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada para reclamar medidas ante la crisis de acceso a la vivienda. El Ejecutivo autonómico ha mostrado su respeto por la movilización, aunque la portavoz regional, Esther Padilla, ha calificado la convocatoria de "atípica" por sus características respecto a otras huelgas generales celebradas en el país.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Padilla ha reconocido que la protesta responde a "la preocupación y la dificultad que tienen muchísimas personas para acceder" a una vivienda. En este sentido, ha defendido que la convocatoria es "totalmente legítima" para que la ciudadanía pueda expresar su preocupación, su "cabreo" y exigir medidas a las administraciones.
La portavoz ha asegurado que la Junta respetará el derecho a huelga y garantizará los servicios públicos, especialmente aquellos considerados esenciales para la población.
La Junta defiende sus medidas en materia de vivienda
Preguntada por si el Gobierno regional se siente interpelado por las reivindicaciones de la huelga, Padilla ha señalado que el problema de acceso a la vivienda "compete a todos" y que no es una dificultad reciente, sino que se arrastra desde hace años.
No obstante, ha defendido la actuación del Ejecutivo de Emiliano García-Page y ha asegurado que Castilla-La Mancha lleva tiempo adoptando medidas para facilitar el acceso a la vivienda, antes incluso de que este asunto adquiriese el protagonismo actual en el debate público.
Como ejemplo, ha citado el denominado Plan 10.000, así como las deducciones fiscales, las rebajas de impuestos vinculados a la compraventa y las iniciativas para impulsar la construcción de vivienda asequible.
Padilla ha reconocido que estas actuaciones no bastan por sí solas para resolver el problema y ha apelado a la colaboración entre administraciones. "¿Serán suficientes? ¿Lo podemos solucionar sólo nosotros? Evidentemente no", ha afirmado, antes de reclamar un trabajo coordinado entre las distintas instituciones.















