La Junta de Comunidades va a llevar a cabo 14 desalojos en viviendas sociales ocupadas de la calle Río Yedra, en el barrio del Polígono de Toledo. Los lanzamientos se producirán entre los meses de abril y mayo, según ha confirmado la Consejería de Fomento a Toledodiario.es
El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva emprendiendo acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal desde 2020 en este grupo de viviendas, según las mismas fuentes. A eso se ha sumando diversas reuniones periódicas mantenidas con representantes vecinales y con GICAMAN como titular del inmueble, así como con responsables de Vivienda de la Consejería de Fomento. También se han venido produciendo, explica Fomento, “actuaciones de mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones de la promoción de viviendas, que han supuesto una inversión total de 569.000 euros”, además de intervención social comunitaria.
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El Ejecutivo regional ha llevado a cabo entrevistas individualizadas con las personas adjudicatarias legales para acordar un plan de pagos que supone la reducción de la renta del alquiler a un 50%, con la condición de que se asuman recibos no abonados y atrasados, teniendo presente los ingresos de la unidad de convivencia.
Los vecinos denuncian que hasta ahora no hay resultados “efectivos”
El conflicto en estas viviendas se ha repetido a lo largo de los años con enganches eléctricos ilegales y vandalismo. Este martes la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo y vecinos del bloque de viviendas presentaba un escrito dirigido al presidente regional, Emiliano García-Page, en el que demandan a la Junta que “convierta a la promoción en un lugar digno para vivir y no en un lugar abandonado”.
Los residentes de esta promoción de viviendas pública, que llevan años movilizándose, instan a la Junta a iniciar un proceso negociador para establecer un programa de alquiler en relación con los ingresos de cada unidad habitacional del inmueble, que a su vez vaya aparejado de una gestión integral de la urbanización, la intervención socio-comunitaria permanente y pública, la participación de los vecinos con sus propuestas y la adjudicación de los pisos vacíos. Algo que, según la Consejería de Fomento, ya se está produciendo.
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