La Junta de Personal de Toledo apunta a Page como "máximo responsable" en el caso de Incarlopsa

Granja de cerdos / Europa Press

La Junta de Personal Funcionario de Toledo ha pedido la dimisión de "todos los cargos" implicados en el expediente sancionador que ha sido anulado vía judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. De este modo, han señalado que lo que ha ocurrido en el matadero de la empresa Incarlopsa es la "prueba irrefutable de que el gobierno de Emiliano-García Page ha actuado al dictado de una empresa". Por eso, critican que se ha "coaccionando" a funcionarios públicos "hasta el punto de apartarlos de su puesto de trabajo, usurpándoles la autoridad que deberían tener como personal inspector de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha".

En este sentido, destacan que no se trata de un "caso puntual", sino que es algo que se produce de manera "sistemática" en los distintos cuerpos funcionariales, encargados de la labor de inspección pública: veterinarios de matadero, agentes medioambientales, sanitarios locales, o inspectores de consumo, entre otros. "Un modelo en el que cuando la normativa entra en conflicto con los intereses económicos de determinada empresa, la administración mira para otro lado y no protege la labor de sus funcionarios".

De este modo, han reconocido la labor incansable que todo el personal público realiza para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la protección del medio ambiente, etc, "en definitiva los derechos de la ciudadanía para su seguridad y bienestar, a veces, como en esta ocasión, contra la propia administración". "Lo lógico es que con una sentencia de este calibre el presidente de Castilla La Mancha cesara a los responsables, que asumiera responsabilidades o que asumiera algún error".

Pero, lamentan, "Page nos volvió a sorprender con una retórica muy mal intencionada, hablando de “rumores” cuando hay una sentencia firme, y poniendo al mismo nivel a la empresa y a los funcionarios públicos de la Escala Superior de Sanitarios Locales, indicando que “hay empresas que pueden cometer errores” y que “hay funcionarios que pueden cometer errores”", relatan. "Pone García Page al mismo nivel a la empresa, con un evidente interés en el asunto, que a los funcionarios públicos que cumplen con su deber, cuestión esta del todo inaceptable. Habrá que preguntarse si esta complacencia con Incarlopsa y este tono duro con los funcionarios tiene que ver con las generosas aportaciones que Incarlopsa ha realizado a la Fundación Impulsa o no".

Por otro lado, recalcan que son el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el director general de Sanidad Pública, Manuel Tordera, son los "máximos responsables" de la Consejería y, por tanto, deben asumirlo. "Es por ello, que reunida la Junta de Personal de Toledo el día 21 de marzo, se acordó pedir la dimisión del consejero de Sanidad, el director General de Salud Pública, la directora provincial y el secretario provincial de Cuenca".