Hace un año que finalizaba el plazo de presentación de ofertas para adquirir una de las parcelas residenciales que tiene la Junta de Castilla-La Mancha en el Polígono de Toledo. El suelo se ubica en la calle Río Cabriel número 5 y le corresponde una edificabilidad máxima de 9.600 m2 repartidos en 86 viviendas, distribuidas en dos bloques de una altura máxima de seis plantas.
La subasta al alza que lanzó en marzo de 2022 la Administración regional a través de su empresa pública Gicaman tuvo un precio de salida de 1.394.912 euros. Pese a que las ofertas que presentaron tres empresas interesadas -Creaciones Inmobiliarias JAE SL (Grupo Sabas), Conscytec SLU y Atalaya CM SL Cooperativa de Castilla-La Mancha- fueron admitidas, la adjudicación sigue sin resolverse.
Esta licitación desbloqueaba parte del suelo público residencial propiedad de la Junta en el Polígono, un barrio donde la demanda como el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, se ha incrementado desde la apertura del nuevo Hospital Universitario de Toledo.
En este sentido, tanto la Asociación Vecinal El Tajo como la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo llevan tiempo alertando del "encarecimiento" del precio de la vivienda en este barrio y pidiendo soluciones al respecto, también para terminar promociones de vivienda pública como el bloque de 86 viviendas de la calle Río Guadalmena que se ubica frente a la parcela en venta.
Por ello, los colectivos sociales venían reclamando al Gobierno regional la venta de sus terrenos urbanizables como el de la calle Río Cabriel, que podría ser el primero de otros cuatro.
Más de 120 viviendas de alquiler "asequibles"
La paralización de la venta de esta parcela contrasta con el anuncio que realizó el Gobierno regional la pasada semana sobre el impulso que dará a la construcción de 124 viviendas protegidas en alquiler a “precio asequible” en el barrio del Polígono, tal y como avanzó la portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández.
Tal y como recoge este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la parcela en la que se construirán estas viviendas se ubica en la calle Río Fresnedoso, número 15.
En concreto, el Gobierno regional pondrá a disposición una parcela en este barrio cuya titularidad es de GICAMAN y se le otorga una subvención directa de 6,1 millones de euros para que pueda licitar estos terrenos para la construcción, por parte de empresas privadas, de estas 124 viviendas que tendrían un régimen de alquiler sujeto a la tasación citada.
Dichas viviendas se perfilan para estar listas antes de junio de 2026 y se destinarán a familias trabajadoras y jóvenes. La medida se enmarca dentro del ‘Plan 10.000’, una iniciativa que fue presentada junto a la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha el pasado 7 de marzo y mediante la que el Gobierno regional cooperará con el sector privado para la construcción de 10.000 viviendas a precio asequible, especialmente en zonas tensionadas de Castilla-La Mancha.
Tal como explicó la portavoz regional, esta iniciativa forma parte de la estrategia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. De hecho, la subvención de 6,1 millones es con cargo a estos fondos.
Demanda de la Plataforma por una Vivienda Digna de Toledo
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción Facua de Castilla-La Mancha y la Plataforma por una vivienda digna en Toledo presentaron en enero un escrito en la sede del Gobierno regional para reclamar el aumento del parque público de vivienda en la capital y poder resolver el problema de los toledanos que necesitan una solución habitacional. José Luis Calvo de la Plataforma, manifestó entonces que la situación es “muy lamentable”. “Ha pasado toda una legislatura y no se ha aumentado el parque público de vivienda, las administraciones públicas no han hecho el esfuerzo que se les requiere”.
Incidía igualmente en que las administraciones están “para solucionar los problemas de la gente” y uno de los problemas “fundamentales” en Toledo es el acceso a la vivienda, que es, además, ha recordado, un derecho constitucional. Además, lamentaba que el Gobierno regional se “amparase” en que entonces todavía no “salía” la ley nacional sobre vivienda. Pero, advertía “ni las familias ni las personas pueden esperar más tiempo”.