La Junta de Comunidades va a hacer efectiva esta semana la subida salarial firmada en noviembre del pasado año con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y que es de obligada aplicación en todas las administraciones públicas.
En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha abonará la subida del 2,5 por ciento de 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero del pasado año, y también implantará el incremento del 1,5 por ciento correspondiente a 2026, tal y como recuerda la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que celebra esta medida.
De esta forma, más de 87.000 empleados públicos dependientes de la Junta de Comunidades (37.000 trabajadores de ámbito sanitario, 36.000 docentes y 14.000 empleados de la Administración de la comunidad autónoma, de acuerdo a los últimos datos del Boletín estadístico de Personal al servicio de las administraciones públicas) verán incrementadas sus nóminas un 4%, además de los atrasos correspondientes a 2025.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, destaca que este acuerdo de subida salarial es "un paso fundamental para dignificar el trabajo de los empleados públicos, recuperar poder adquisitivo y reconocer el papel que desempeñan cada día al servicio de la ciudadanía".
Los trabajadores de la Administración General del Estado y de la Universidad de Castilla-La Mancha ya percibieron la subida y atrasos de 2025 en la nómina de diciembre y ahora la verán completada con el 1,5 por ciento de 2026, al igual que la mayor parte de corporaciones locales de la región.
En total, serán cerca de 145.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha los que se benefician del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía firmado el pasado 27 de noviembre: a las subidas de 2025 y 2026 hay que sumar otro 0,5 por ciento este año si el IPC es igual o superior al 1,5%, además del 4,5 por ciento fijado para 2027 y de otro 2 por ciento para 2028. La subida global supone un 11,4 por ciento hasta 2028 (el 0,4% restante es el efecto arrastre de consolidar cada año el incremento en las tablas salariales).
Además de "un acuerdo que pone fin al bloqueo salarial", Domínguez sostiene que también ha sido clave que el acuerdo recoja "la eliminación de la tasa de reposición, más permisos, conciliación y mejoras en acción social, avances en prestación sanitaria del mutualismo administrativo, regulación inmediata del teletrabajo, medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, entre otros muchos puntos".
CSIF censura "el intento de otras fuerzas sindicales de ‘apropiarse’ de esta subida salarial, ya que los acuerdos retributivos para el conjunto de empleados públicos del país sólo pueden alcanzarse con las organizaciones representativas a nivel nacional (CSIF, como primera fuerza en Función Pública, junto a los sindicatos de clase)".









