El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Consejo de Gobierno va a aprobar, en su reunión de este martes, un decreto para la construcción de otras 316 viviendas en el Polígono Residencial de Toledo. Serán de alquiler, especialmente para jóvenes y personal de las empresas que se están planteando que no tienen sitio habitacional, que se enmarca dentro del Plan 10.000 aprobado en marzo del 2023.
El jefe de Ejecutivo regional hacía estas declaraciones durante la presentación de un hotel en la ciudad de Toledo, un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. En este contexto, ha reconocido que a esta región siempre se le identifica con "el cliché agrario", si bien, ha añadido, "no renunciamos ni renegamos de nuestra condición del sector primario, con la diferencia de que mucho más que otras regiones, aquí hemos terminado haciendo del campo y de la ganadería mucho más que una extracción de materia prima, es básicamente una industria de transformación", según ha informado la Junta por nota de prensa.
Asimismo, ha explicado que ese afán ha hecho que "hoy pese más el sector del campo y la ganadería en la región, teniendo como tenemos récord de renta y de Producto Interior Bruto en la riqueza regional". Del mismo modo, García-Page ha asegurado que no es necesario renunciar a "ningún tipo de nicho de crecimiento. "Estamos por encima de la media en el sector industrial y desde luego somos una potencia ilimitada en el sector servicios muy vinculados al turismo". Entre ellos, el nuevo hotel con el que ya cuenta Toledo.
Viviendas listas en 2026
Según ha detallado el Gobierno regional en nota de prensa, la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) se encargará de la construcción de las 316 viviendas, que deberán estar listas antes de junio de 2026. Según la consejera Portavoz Esther Padilla, su objetivo es "dar respuesta al derecho constitucional de la vivienda” y hacer frente a “la escasa oferta actual", que "requiere del impulso de medidas, especialmente en zonas tensionadas, que abaraten su precio”.
En esta línea, Padilla ha explicado que estas 316 nuevas viviendas, cuyo precio de alquiler se situará por debajo del actualmente estipulado por el mercado, “están dirigidas a personas trabajadoras jóvenes y familias que tienen ingresos suficientes para desarrollar su proyecto vital, pero que encuentran dificultades de acceso por la escasez de la oferta y los elevados alquileres”.
Tal y como ha explicado la portavoz del Ejecutivo, la construcción y gestión de las viviendas se realizará a través de la colaboración público-privada con una inversión total de más de 42,5 millones de euros; de ellos, 15,7 millones serán aportados a través de los fondos Next Generation, mientras que será la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quien ceda el suelo público de manera gratuita para su edificación.
Padilla ha aclarado que, al igual que sucede con las 84 viviendas aprobadas a finales del pasado mes, la Administración no actuará como casera de las mismas, sino que será el sector privado quien se encargue tanto de su construcción como de su posterior explotación en alquiler, durante un plazo mínimo de 50 años.
Por otro lado, contarán con una superficie media de unos 71 metros cuadrados y el precio final del alquiler rondará los 646 euros mensuales, tal y como ha destacado Padilla, quien además ha asegurado que “se trata de viviendas sostenibles, con altas calidades y con criterios de eficiencia, que superan las exigencias del Código Técnico de la Edificación”.
La portavoz también ha mencionado que se reservarán y adaptarán algunas de ellas para personas con movilidad reducida permanente, así como que las familias que vayan a residir en ellas deberán tener unos ingresos máximos de cinco veces el IPREM.
Un año del ‘Plan 10.000’
Por último, la consejera ha recordado que la construcción de estas viviendas se inserta dentro del ‘Plan 10.000’, aprobado por el Gobierno de García-Page en marzo del 2023. A través del mismo se pretende promover la construcción de 10.000 viviendas nuevas en la región, tanto en régimen de compra como de alquiler, que permitan aumentar la oferta de vivienda y, por tanto, bajar su precio mediante mecanismos de colaboración público-privada. “Después de un año de su puesta en marcha, hemos llegado a casi un 30 por ciento de su cumplimiento. Solo en el último mes, hemos aprobado la construcción de 402 viviendas”, ha concluido Esther Padilla.