La Junta de Personal de Toledo, el órgano que representa a los 4.000 funcionarios de la provincia, se ha visto obligada a hacer público un problema que viene arrastrando desde hace meses. En concreto, denuncia que desde el mes de junio de 2015, el Gobierno regional no atiende las peticiones que éste órgano, le envía por escrito con denuncian de funcionarios relacionadas con problemas cotidianos. Más de 100 peticiones que incluyen por ejemplo problemas en materia de horarios, de carencia de personal, de prestación de servicios o que afectan a servicios “tan sensibles” como el servicio de atención telefónica al ciudadano, el 012, o a las oficinas de información o registro.
“La mayoría de estos escritos no han sido contestados, y cuando se no ha respondido ha sido con evasivas y respuestas ambiguas, o incluso dirigiéndonos a otro órgano administrativo”, denuncia Ramón González, presidente de la Junta de Personal. Por este motivo, el órgano que representa a los funcionarios de la provincia, se ha visto obligado en hacer público “la falta de comunicación” con la Junta y su “poco interés” en reunirse con ellos. “Entendemos que esta situación no puede continuar, hay que darle respuesta a los problemas cotidianos que van surgiendo en los centros de trabajo de la provincia”, asegura González.
Por el momento, y a pesar de que solicitaron la reunión después de verano, confían en que dicha reunión se produzca tanto con el director general de la Función Pública como con el delegado de la Junta en la provincia de Toledo. “Entendemos que esa reunión se va a producir y no contemplamos que se nieguen a dedicarle una hora de su tiempo al órgano de representación de los funcionarios de la provincia de Toledo”
Sobrecarga de trabajo
Ramón González ha aprovechado para denunciar la “sobrecarga” de trabajo que sufre la Junta de Personal en Toledo, después de que el anterior Gobierno decidiera reducir los órganos de representación de la provincia, de dos a uno, e incluso en muchos casos, abordando asuntos de otras provincias. Precisamente hace unos días denunciaron la “falta de personal” para tramitar expedientes de seguridad industrial en Guadalajara, en concreto en el Servicio de Industria de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en dicha provincia.
Una situación que está provocando que los expedientes relacionados con la seguridad industrial que ha de tramitar este servicio estén siendo derivados al resto de la región. Denuncian una “sobrecarga” de trabajo para los empleados públicos en Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo “a donde han ido a parar todas las tramitaciones”. Detallan que fue hacer tres meses, “ante la acumulación de trabajo” cuando se repartieron los expedientes administrativos de aquellas instalaciones relacionadas con la seguridad industrial. Y este reparto no solo se produce hacia las provincias sino que algunos de los expedientes se derivan a la propia Dirección General de Industria que “desde hace años recibe también una parte importante de las reclamaciones eléctricas de esta provincia”.
También apuntan que “esta dejación de funciones” está provocando que los documentos “sufran un continuo ir y venir de una provincia a otra, ya que en muchas tramitaciones se exige la firma del órgano competente, que en este caso está en Guadalajara, y no en Toledo o Cuenca o Ciudad Real o Albacete”. Creen que la “solución” está en la contratación de funcionarios interinos y critican la falta de “voluntad” política que, en su opinión, es “la misma que emplea el gobierno a la hora de nombrar a numeroso asesores en los gabinetes de sus consejerías -que pueden ser necesarios, pero no imprescindibles.
La Junta de Personal recuerda que los expedientes afectados corresponden a uno de los focos industriales “más activos” de la región como es el Corredor del Henares, en Guadalajara, que agrupa varios Polígonos Industriales (Cabanillas, Alovera, Azuqueca, Marchamalo…) y alguno de ellos, concluyen “con sustancias y procesos nada convenientes para la salud”.
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