La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar este martes y miércoles, 15 y 16 de noviembre, al alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor Muñoz, por un presunto delito de falsedad en documento oficial, por el que el Fiscal pide una pena de cuatro años de prisión, multa de veinte meses a razón de doce euros de cuota diaria e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este medio, los hechos se remontan a un escrito fechado el 4 de marzo de 2009, cuando el acusado, en calidad de alcalde de dicha localidad toledana, solicitó tres subvenciones a la Diputación Provincial de Toledo -en la que ejerce actualmente como diputado de Fomento de Empleo y Desarrollo Económico- para la realización de unas obras de mejoras que habrían de llevarse a cabo en la denominada 'Dehesa de Calabazas', finca rústica de propiedad municipal.
Sin embargo, la subvención recibida -el 20 de octubre de 2009- para la actuación que pretendía llevar a cabo, de 33.333 euros, no se destinó a los fines solicitados, a pesar del escrito que firmó el propio alcalde, quien declaró y firmó bajo su responsabilidad que "la inversión para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su integridad".
En concreto, las obras consistían en instalación del sistema de goteo, instalación eléctrica y cerramiento, consistente la primera de ellas en realizar el mismo y en poner tuberías principales secundarias y goteros "sin que se hablase para nada de perforación"; la segunda en la instalación eléctrica con transformador para abastecer de energía eléctrica a la 'Dehesa de Calabazas', instalándose postes, línea y transformador y conducción de línea; y la tercera de ellas en el cerramiento de la finca con malla cinegética de menos de dos metros de altura, como medida de protección de la finca de amenazas externas o ganado, entre otras.
El Ministerio Fiscal detalla en el escrito de acusación que el acusado falta de "de manera consciente y deliberada a la verdad", pues en su escrito añadió que habían sido "destinadas todas las aportaciones económicas a la inversión objeto de la subvención". Sin embargo, no se llegaron a realizar las instalaciones de goteo, eléctrica y cerramiento subvencionadas.
Según el Ministerio Público, se desconoce el destino que el acusado dio a los 33.333 euros enviados por la Diputación para las instalaciones referidas, al no haberse destinado a los fines solicitados.
Corregidor fue alcalde de Navalcán entre los años 2001 y 2011 y lo es ininterrumpidamente desde el pasado 2015. En total, más de 17 años.