La Fiscalía archiva la denuncia presentada por el amianto en Toledo en 2014 y exculpa a las administraciones

Imagen de la Plataforma 'Mi Barrio Sin Amianto'

La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia presentada en el año 2014 por la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Izquierda Unida-Los Verdes y Ecologistas en Acción Toledo por la acumulación de alrededor de 90.000 toneladas de amianto en el barrio de Santa de María de Benquerencia de la capital regional.

Esta denuncia, que motivó la realización de un informe por parte de la Fiscalía en el que alertaba de la peligrosidad de estos residuos, no ha derivado en responsabilidades penales a los funcionarios y autoridades de las administraciones autonómica, municipal de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), pues, como apunta el expediente del fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, “aunque el problema viene de años atrás y la actuación de estas administraciones debería haber sido más pronta y eficaz frente al mismo, no puede pretenderse hablar de responsabilidad penal respecto a quienes finalmente han llevado a cabo distintas actuaciones para dar una solución a la situación”.

En este sentido, el escrito recuerda las iniciativas que se han llevado a cabo el pasado año 2017, como la creación de la comisión técnica que encargó a la empresa pública Emgrisa la elaboración de un informe por el que finalmente las administraciones han planteado alternativas para eliminar el riesgo que podrían provocar estos residuos. La solución momentánea será la de sellar parte de las casi 90.000 toneladas de amianto que se acumulan en diversas parcelas de este barrio toledano, una iniciativa por la que la empresa Tragsa ya cuenta con los permisos necesarios por parte de la Junta de Comunidades.

De esta manera, la Fiscalía justifica que ha realizado ya las gestiones oportunas ante esta problemática solicitando a las administraciones implicadas, también a la Guardia Civil, los informes y la documentación que precisan la cantidad de amianto existente, su localización, los peligros que pueda acarrear a la población y al medio ambiente la liberación al aire de las fibras de este mineral contaminante por el que incluso ya se han reconocido de oficio enfermedades vinculadas a la exposición al mismo.

Con el sellado del amianto, una actuación que supondrá un coste de unos 3 millones de euros, el fiscal considera que “el material enterrado no presentaría en principio un riesgo elevado siempre y cuando no haya un movimiento de tierra que suponga la ruptura de materiales que conlleve la liberación de fibras de amianto a la atmósfera”.

Delito prescrito

Así, tras el breve repaso que la Fiscalía hace en su escrito de las actuaciones que ha llevado a cabo en estos últimos años tras la denuncia presentada en el 2014, argumenta “la imposibilidad de ejercer acciones penales contra persona alguna”.

“En efecto los causantes originarios y directos de la contaminación son los responsables de una empresa cuya actividad cesó hace más de 15 años –Ibertubo-, con lo cual, el delito cometido por los mismos estaría prescrito”, asevera el fiscal en este expediente que sostiene que la actuación para poder solventar un problema que afecta todavía a muchas infraestructuras –como centros educativos- “no es sencilla ni fácil”, tanto desde el punto de vista técnico como en cuanto a los procedimientos administrativos.

En conclusión, la Fiscalía sostiene como argumento base para archivar esta denuncia que “se han comenzado a dar los pasos para eliminar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas: se hicieron retiradas parciales, se encomendó un informe completo sobre las alternativas de actuación y se ha comenzado el sellado de las zonas afectadas para evitar la posibilidad de dispersión de fibras de amianto”.