La EMSV afrontará la promoción de viviendas en Santa Bárbara tras un beneficio de 15.000 euros en 2024

Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo / Imagen: Ayuntamiento

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Toledo ha aprobado este lunes sus cuentas del año 2024, arrojan un saldo neto positivo de 15.280,80 euros, una cantidad que "permite a la EMSV retomar la promoción de vivienda pública".

Así lo afirmó el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, José Manuel Velasco, sobre una operación para la que la EMSV tiene previsto solicitar una línea de crédito de 4,5 millones de euros con la que licitar la construcción de la promoción en el último trimestre del año.

El saldo neto positivo de 15.280 euros es casi la mitad de los 28.295 euros que calculaba que obtendría de beneficio en el mes de diciembre, aunque sí es una cantidad menor que el saldo negativo de 187.738,57 euros del 2023. No obstante, la EMSV ya registró resultado positivos en años anteriores como 2020, 2012 o 2007.

Esta situación, recalcó Velasco, permitirá a la empresa pública impulsar "la primera promoción de viviendas en 16 años", una afirmación incierta ya que la EMSV promovió directa o indirectamente casi 400 viviendas en ese período.

Instrucción ante impagos del alquiler

En el Consejo también se ha dado cuenta del informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Intervención General del Ayuntamiento de Toledo, que recoge dos recomendaciones que han dado lugar a la aprobación de dos instrucciones internas para regular los procedimientos de actuación acordes a la legalidad vigente, ante posibles impagos de renta del alquiler, o ante situaciones excepcionales de gran impacto económico y social que aconsejen la adopción de medidas excepcionales con los inquilinos de la EMSV.

El vicepresidente de la EMSV ha asegurado que con la aprobación de estas instrucciones “se evidencia el empeño del actual equipo de Gobierno en que la empresa funcione con criterios de transparencia y seguridad, para evitar que el gerente actúe de forma arbitraria y sin un procedimiento establecido para la toma de decisiones”.

Además, el Consejo de Administración ha aprobado la nueva imagen de la empresa, y el Plan Anual de Contratación del 2025, para mejorar la contratación administrativa de la empresa.

IU-Podemos denuncia que se abre la vía a desahuciar "sin intervención de los Servicios Sociales"

Respecto a las instrucciones mencionadas por impagos del alquiler, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha rechazado la propuesta realizada pues a su juicio "desahuciar a las familias que no paguen el alquiler de las viviendas municipales sin necesidad de elaborar un informe por los Servicios Sociales municipales que evalúen con claridad la situación socio-económica de la familia a la que se pretende echar de su vivienda".

"Con esta medida dejan a las claras que quien no pague la cuota del alquiler de la vivienda se tiene que ir de su casa y lo hará sin que se evalúe si esa situación por la que no puede hacer frente a esos pagos tiene una base de vulnerabilidad social y económica", expone Fernández, que lamenta que "la falta de moral política de PP y Vox" y recuerda que el impago que registra en la actualidad la EMSV es de menos de 40.000 euros "en una entidad, que no hay que olvidar es pública, que gestiona un presupuesto de más de 1 millón de euros".

Sin embargo, la propia normativa estatal incluida en el denominado decreto ómnibus incluye una moratoria antidesahucios del escudo social, prorrogado por el Gobierno central ahora hasta diciembre de 2025, que impide el lanzamiento de personas vulnerables de las viviendas en las que residen. De esta forma, es preceptivo según el actual procedimiento judicial contar con un informe de vulnerabilidad.

La instrucción Interna 1/2025 recoge que ante el impago de dos mensualidades se remitirá una primera comunicación al inquilino para que se pueda abrir un período de negociación en dos semanas. Así, se establecería un prorrateo en varios meses hasta extinguir la deuda para que la EMSV no se comprometiera a iniciar ninguna actuación legal.

Si hay incumplimiento de las obligaciones recogidas en el documento de reconocimiento de deuda que se acordaría, la EMSV comunicaría la situación al despacho de abogados que le presta servicios jurídicos. Y si no hubiera respuesta en una segunda comunicación, la tercera sería un burofax con indicación de que en el supuesto de que en el plazo de 15 días hábiles no se ha regularizado la situación o firmado un documento de reconocimiento de deuda pendiente se iniciaran los procedimientos legalmente establecidos.