La Audiencia Nacional condena al director gerente y al secretario general de la Cámara de Comercio por fraude de subvenciones

Joaquín Echevarría y Fernando Sánchez-Beato señalados con círculos rojos

La Audiencia Nacional ha condenado a Joaquín Echevarría y Fernando Sánchez-Beato, director gerente y secretario general de la Cámara de Comercio de Toledo, respectivamente, por fraude de subvenciones y falsedad documental, según ha confirmado este medio y ha adelantado El País.

La sentencia es firme y les condena a una multa de 30.000 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de 10 días de privación de libertad, así como de la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de prestaciones o incentivos fiscales o Seguridad Social durante dos meses.

Por otra parte, y por la vía de responsabilidad civil, deberán abonar de manera conjunta y solidaria a la Fundación INCYDE, Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa, un total de 40.750,88 euros, más intereses. Finalmente, se les condena al pago de costas por mitades iguales. En el proceso ha tenido parte también la Fiscalía Europea.

Los hechos que relata la sentencia a la que ha tenido elDiarioclm.es, señalan que Echevarría y Sánchez-Beato "en común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial" presentaron documentación inveraz en un proyecto del Fondo Social Europeo, para percibir la subvención convocada por la Fundación INCYDE. Este proyecto, Innotech, estaba subvencionado en un 80% por el Fondo Social Europeo.

La documentación que presentaron ambos condenados "no se correspondían con la realidad", ya que "incluía horas no respaldadas por documento alguno" y que, de hecho fueron subcontratadas a empresas externas y cargadas en la partida de expertos externos, así como salarios mensuales de personal con puestos de gestión imputados íntegramente al Proyecto que desempeñaban otras funciones. También se señalan supuestos en los que una misma actividad laboral se imputaba a varias personas de forma simultánea.

El proyecto en cuestión se ejecutó entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. La Cámara de Comercio, al ser la beneficiaria de la subvención, presentó en la justificación de los gastos una "relación de horas trabajadas inexactas" con el fin de obtener el importe total subvencionable el 5 de abril de 2018. En total, el presupuesto ascendía a un millón de euros, de los cuales 800.000 euros se correspondían con la subvención a cargo del Fondo Social.

La subvención, en cifras

La sentencia señala que la cuantía total de gasto que descertificó la Comisión Europea llegaba a los 150.938,60 euros. De este total, 120.750,88 euros se correspondían con el 80% subvencionable. Por otro lado, INCYDE ha apuntado a un total de 461.856,52 euros como gasto certificable. De este total, 121.799 euros se correspondían a las horas que no podían abonarse por corresponder a otras funciones o ser desempeñadas por varias personas a la vez. El total subvencionable de estas horas, era de 97.439,20 euros.

El pasado 20 de abril de 2022, cada uno de los acusados hizo un ingreso de 60.899,50 euros, llegando a un total de 121.799 en la cuenta de consignaciones de la Delegación Española de la Fiscalía Europea. De este modo, se reconocen los hechos investigados.

La Cámara defiende que "no se ha producido enriquecimiento personal"

En un comunicado, la Cámara de Comercio defiende la labor de ambos cargos pues afirma que “los hechos juzgados derivan de un expediente de justificación de subvención de un proyecto que se ejecutó cumpliendo todos los requisitos establecidos y alcanzando los resultados y objetivos previstos”. Asimismo, añaden que “en dicha justificación se presentaron documentos en los que se realizaban estimaciones sobre la dedicación del personal al proyecto y que, a juicio de los auditores, se consideraron excesivas. En ningún caso, se ha producido un enriquecimiento personal por parte de los responsables”.

La Cámara apunta que fue en agosto de 2016 cuando se presentó una propuesta en el marco de la convocatoria para el fomento del autoempleo y las iniciativas empresariales. El proyecto, aseveran, “fue ejecutado conforme a la solicitud realizada y justificado conforme al manual para la gestión y justificación de proyectos vigente”. “Tras la ejecución del proyecto, la justificación de todos los gastos fue revisada y auditada por el organismo competente. Finalmente, el gasto aprobado subvencionable fue de 1.000.000 euros”, añaden.

En este sentido, remarcan que sobre el total de gastos auditados y aprobados, la subvención devengada por la Cámara ascendió a 800.000 euros (80%). Con fecha 7 de marzo de 2019 la Cámara cobro a cuenta 720.000 euros (un 90% dela ayuda aprobada), quedando pendiente el abono de 80.000 euros.

“El informe de auditoría posterior d ella Comisión Europea, realizado tras una revisión del proyecto, ordenó un ajuste de 97.439,3 euros por considerar que ciertos gastos del personal adscrito al programa no eran subvencionables por lo que la ayuda a percibir se cifró en 679.249,12 euros. Dado que la Cámara recibió 720.000 euros en concepto de ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) por este proyecto, se procedió al reintegro de 40.750,88 euros”, remarca la entidad toledana.

Una vez se completó la auditoría por parte de la Comisión Europea, “se decidió dar parte del expediente y de las discrepancias existentes a la Fiscalía Europea, que sostuvo que dichos salarios no podían haberse imputado íntegramente a este proyecto puesto que el desempeño de dichos empleados se compaginaba con su participación en otras tareas y proyectos de la Cámara. En todo caso, la investigación ha acreditado que no se ha producido ninguna desviación de dinero a otros fines distintos a los previstos en el proyecto y que no habido apropiación indebida”, añade la Cámara de Toledo, que insiste en que “la sentencia no establece que en ningún momento los responsables del proyecto hayan obtenido un beneficio personal”.

¿Quiénes son los acusados?

Joaquín Echevarría es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de la Fundación CEEI Talavera de la Reina y es también presidente de la Agrupación de Viñedos de Castilla-La Mancha.

Fernando Sánchez-Beato es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido secretario del Patronato de la Fundación CEEI de Talavera de la Reina. Es director de Innovación y Calidad de la Cámara de Comercio de Toledo desde el año 1992, según indica en su perfil de Linkedin.