La alcaldesa de Villarrubia de Santiago, inhabilitada 9 años por prevaricación administrativa tras una sentencia que recurrirá

Conchi Monzón de Gracia, alcaldesa de Villarrubia de Santiago / Imagen: Ayuntamiento

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a la alcaldesa del municipio de Villarrubia de Santiago (Toledo), la socialista María Concepción Monzón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

La presente causa se incoó en virtud de UNA querella interpuesta por J.V.R., quien se dedicaba a la realización de la actividad comercial de venta ambulante de fruta en el municipio de Villarrubia de Santiago desde hacía muchos años y contando con la pertinente autorización administrativa municipal.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha quedado probado que la alcaldesa dirigió al denunciante J.V.R. una carta certificada de fecha 8 de marzo de 2021, manifestándole su voluntad de no renovarle la licencia para el desarrollo de su actividad mercantil por una discusión con el encargado del mercadillo semanal de dicha localidad el día 20 de febrero de 2021, "sin iniciar el trámite administrativo legal oportuno a través del correspondiente expediente sancionador, sin darle trámite de audiencia y sin alegar causa legal concreta o incumplimiento de cualesquiera condiciones contempladas en la Ordenanza reguladora de la venta ambulante".

Según el fallo, también ha quedado probado que el sábado 10 de abril de 2021, un policía local del municipio levantó acta-denuncia contra J.V.R. al estar montando el puesto de venta ambulante de fruta en dicha población "por carecer supuestamente de la autorización municipal preceptiva", conminándole a que procediera inmediatamente a desmontar el mencionado puesto, prohibiéndole igualmente el reparto de fruta a domicilio en dicho municipio, y todo ello, según la sentencia, "pese a contar J.V.R. con licencia para el reparto a domicilio en todo el territorio nacional".

Posteriormente, y después de que J.V.R. solicitara al Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago que se le permitiera ejercer su actividad comercial de venta ambulante en dicho municipio, la acusada, según la sentencia, volvió a enviarle una nueva carta certificada, firmada con fecha 16 de abril de 2021, en la que se le comunicaba nuevamente que "no pudiendo tolerarse" por parte del Ayuntamiento ese tipo de actuaciones frente al personal del Consistorio y que en adelante no podrá montar puesto en el mercadillo.

Así, después de que la acusada recibiera la notificación de la querella criminal interpuesta por la representación procesal de J.V.R., se dictó por la alcaldesa, y por indicación de la secretaria del Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, providencia de fecha 18 de febrero de 2022 por la cual se incoaba procedimiento al objeto de revocar el acto administrativo dictado por la alcaldesa con fecha 8 de marzo de 2021. Así, después de dar trámite de audiencia a J.V.R. para alegaciones, se dictó resolución el 15 de junio de 2022 de revocación del acto administrativo realizado por la acusada.

También consta que con fecha 23 de abril de 2021, la Policía municipal de Villarrubia de Santiago prohibió a J.V.R. la venta a domicilio en dicho municipio, actividad que igualmente el denunciante venía ejerciendo desde hacía mucho tiempo en dicha localidad.

Igualmente, según el fallo, consta resolución de la Alcaldía de Villarrubia de Santiago de fecha 17 de junio de 2021 que vuelve a autorizar a J.V.R. a la instalación de puesto de venta ambulante en el mercadillo de la localidad desde el día 19 de junio de 2021, resolución que se notificó al interesado con fecha 21 de junio de ese mismo año.

En la sentencia, también se condena a la acusada al pago de las costas procesales, incluidas expresamente las de la acusación particular. Por vía de responsabilidad civil se condena a la alcaldesa a que abone a J.V.R., la suma de 3.487,60 euros.

También se absuelve a los concejales A.L.M.L., M.T.C.G., B.J.C.V., M.T.P.L., A.G.L., P.E.A. y A.H.G. del delito de prevaricación administrativa por la retirada de las acusaciones pública y particular, con declaración de las costas de oficio.

La alcaldesa recurrirá la sentencia y no aclara si dimite

Tras conocerse la sentencia, María Concepción Monzón ha trasladado en un comunicado que interpondrá recurso a la condena al entender que "en ningún caso" ha existido conducta delictiva por su parte.

"Mi actuación se produjo en un contexto extraordinario y tuvo como único objetivo proteger a la ciudadanía y garantizar el buen funcionamiento del municipio", se ha defendido la regidora, que no obstante traslada públicamente su "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales y al Estado de Derecho, "pilares fundamentales de nuestra democracia".

Ha asegurado que durante todo este proceso, ha colaborado con la Justicia "con total transparencia, serenidad y responsabilidad", manteniendo en todo momento "la tranquilidad de quien sabe que actuó guiada por el servicio público y el compromiso con Villarrubia de Santiago".

Además, ha querido agradecer las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas en estos días, así como el respeto mostrado por quienes, "desde posiciones distintas", entienden que las decisiones políticas adoptadas "en momentos complejos" deben ser analizadas "con rigor y sin prejuicios".

No obstante, ha reiterado su confianza en la Justicia y en que las instancias superiores permitirán aclarar definitivamente unos hechos que, está convencida, "no constituyen delito alguno". "Villarrubia de Santiago ha sido, es y seguirá siendo la razón de mi compromiso público", concluye.

El PSOE respalda a la alcaldesa y e PP pide responsabilidades políticas

Por su parte, el PSOE de la provincia de Toledo ha expresado su apoyo a la alcaldesa y ha trasladado su confianza en su actuación, convencidos de que "no existió intención alguna de cometer irregularidad", sino de "respetar" la normativa vigente y actuar en todo momento por el bien del pueblo y del interés general.

El PSOE de la provincia de Toledo considera que María Concepción Monzón ha ejercido su responsabilidad pública "con honestidad, compromiso y vocación de servicio", y confía en su inocencia, motivo por el cual respalda la decisión de recurrir el fallo, "en el ejercicio de un derecho plenamente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico".

Finalmente, el PSOE de la provincia de Toledo reitera su confianza en que el recurso anunciado permita aclarar definitivamente los hechos y poner en valor una actuación que, insisten, "estuvo guiada exclusivamente por el cumplimiento de la norma y la defensa del interés público".

De su lado, el Partido Popular de Toledo ha reclamado explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades políticas al PSOE de la provincia tras conocerse la sentencia que condena a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago.

La resolución judicial, según los 'populares', considera probado que la alcaldesa "dictó una resolución injusta a sabiendas, actuando al margen del procedimiento legalmente establecido y sin competencia para ello, en un asunto relacionado con el mercadillo municipal".

Ante esta sentencia, el vicesecretario provincial de Organización del PP de Toledo, Joaquín Romera, ha lamentado que "la prevaricación en el PSOE se ha convertido en una epidemia nacional" y ha exigido responsabilidades políticas al Partido Socialista y, en particular, a su dirección provincial, reclamando que el secretario provincial socialista, Álvaro Gutiérrez, dé explicaciones a los vecinos de Villarrubia de Santiago "por este grave hecho".

"Me entristece que una diputada provincial se vea involucrada en hechos de esta gravedad", ha dicho Romera, que ha defendido que desde las instituciones "solo debe exigirse el cumplimiento de la ley y de la justicia para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos".