Lectura del manifiesto conjunto de jueces y fiscales en Toledo
Los jueces y fiscales de la provincia de Toledo han exigido, al unísono con compañeros de su colectivo en toda España, la dedicación exclusiva de juzgados a temas especializados como la violencia de género, una mayor dotación de medios para luchar contra la corrupción, la independencia judicial en el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la recuperación del salario perdido en el año 2010 para no llevar a cabo una huelga prevista para el mes de mayo en el caso de que no se atiendan sus peticiones o, al menos, se establezca un calendario que permita mejorar los recursos de este servicio público.
Por medio de un manifiesto, el juez decano, Juan Ramón Brigidano, y el fiscal jefe de la Fiscalía provincial, Luis Ibáñez, han enumerado los ámbitos en los que consideran que, de cara también a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), debe mejorar la justicia española, incluyendo también la modernización y creación de sedes judiciales.
De lo contrario, han advertido de la huelga que podrían secundar el 22 de mayo y que ya han establecido en su calendario de actuaciones si el Ministerio de Justicia, el CGPD o las Cortes generales no recogen sus reivindicaciones, entre las que el fiscal jefe ha aludido también a la paralización de la implementación de la justicia digital hasta que “no se garantice el correcto funcionamiento de la misma y su funcionalidad” ya que consideran que el éxito de esta herramienta “es mucho más que cuestionable”.
Aunque consideran que, a nivel local, el pode judicial de la provincia de Toledo es “100 por 100 independiente”, la Unión Europea ha advertido que España no trasmite una imagen de independencia debido, según Brigidano, a la ausencia de objetividad en los nombramientos de altos cargos o en la supresión de magistrados designador por cámara autónomas.
También reclaman una mayor inversión que incremente la especialización de los juzgados de la provincia, pues han puesto como ejemplos que el juzgado que se dedica a casos de violencia sobre la mujer compatibiliza “hasta las 12.00 horas” su trabajo con otros asuntos (lo que retrasa la efectividad judicial en esta materia) o que el juzgado de lo mercantil se ocupe también a temas como la impugnación de los suelos.
Retrasos judiciales ante la violencia de género por falta de medios
“Hay un retraso de dos años en la emisión de un informe por un tema de familia. En una población de 800.000 habitantes hay uno o dos psicólogos”, ha subrayado el juez decano para visibilizar la escasez de medios en este servicio, al tiempo que ha reclamado también una mayor inversión para paliar la pérdida de retribuciones que tuvo este colectivo en el año 2010, a aspectos laborales como la mejora de las condiciones para conciliar su vida familiar y social o reducir las cargas máximas de trabajo.
En este sentido, Brigidano ha señalado que según el proyecto de PGE planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy, su incremento salarial no será estimado, y sostiene que la inversión planteada en la provincia de Toledo es “escasa o prácticamente nula”. Así, ha lamentado “la aparición y desaparación” que tiene en los presupuestos la creación del Instituto de Medicina Legal en Toledo o los 350.000 euros que van a dedicarse a la ampliación de la sede judicial de Talavera, una infraestructura que costaría un total de 2,7 millones de euros.
“Hay margen, de lo que se trata es de dar la posibilidad de que se establezca un calendario con objetivos concretos”, ha recalcado el juez decano, que ha indicado que estas reivindicaciones ya han sido planteadas a las instituciones competentes y que “han tenido un escaso resultado en cuanto a los objetivos” que buscan ambos colectivos.
