Jueces y fiscales exigen la independencia del CGPJ o juzgados exclusivos para casos de violencia de género

Jueces y fiscales, en la puerta exterior de Juzgados sitos en la calle Marqués de Mendigorria / Fidel Manjavacas

Independencia del poder judicial, condiciones dignas para defender la profesión, la especialización de juzgados para poder atender asuntos como la violencia sobre la mujer o herramientas informáticas compatibles en el mapa judicial de la administración son algunas de las exigencias y reivindicaciones que han proclamado los jueces y fiscales de Castilla-La Mancha este lunes, cuando estaba convocada la segunda huelga general de este colectivo en un año -la anterior fue en el mes de mayo- por parte de las asociaciones que los representan.

En la región, los jueces y fiscales se han concentrado en las distintas provincias para leer un manifiesto conjunto y expresar otras reclamaciones propias del Ministerio Fiscal. Así, en Toledo, el juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano, ha leído un texto sobre en la puerta exterior de los Juzgados de la capital regional junto al fiscal Joaquín López, miembro de Asociación Progresista de Fiscales.

En este sentido, indican que el paro que han llevado a cabo corresponde a que "una vez más, sin el más mínimo respeto por el poder judicial y el poder legislativo que aprueba las leyes que todos debemos de cumplir, se ha anunciado un acuerdo entre los partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Estos hechos, subrayan en el comunicado, se producen "en el marco de una situación insostenible de la carrera judicial y fiscal". "Concretamente tienen que ver con la falta de medios. Esto es un servicio público y no se da una respuesta ni pronta ni adecuada los ciudadanos, con cargas de trabajo saludables o retribuciones dignas -les tengo que recordar como dato que las guardias semanales se cobran a 60 céntimos la hora, las de jueces y fiscales-, permisos de licencias o creación de plazas. Aquí -en Toledo- hay un ejemplo claro: un juzgado que tiene una carga de trabajo del 1400 %, es decir, hace el trabajo de 14 juzgados -el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1-".

"Hoy más que nunca los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el estado de derecho, la separación de poderes, un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar dudas sobre la independencia de la justicia, con un riesgo evidente de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, por tanto, de confianza en el estado de derecho. La huelga de hoy es una ocasión idónea para demostrar a la sociedad que jueces y fiscales defendemos la separación de poderes, un CGPJ independiente y una carrera judicial con unas condiciones dignas al servicio de los derechos de los ciudadanos", han apuntado los jueces y fiscales en este escrito conjunto.

Juzgados especializados en violencia de género

Asimismo, ha señalado que "debe ser normal también que los juzgados de violencia sobre la mujer asuman su trabajo sin compatibilidad con otras materias que haga que su trabajo se ralentice". "Creo que la sociedad está bastante sensibilizada de la importancia de atender asuntos como la violencia sobre la mujer con juzgados especializados", ha recalcado Brigidiano.

Cuestionado por los recursos humanos que harían falta en la región para que los juzgados de la región pudieran dar, "al menos, una respuesta normal", el juez decano de Toledo ha señalado que, según los datos de la última Memoria Anual del Poder Judicial, no serían "más de 30" plazas.

"Si hablamos de la provincia de Toledo, lo haríamos de una plaza más de juzgado mixto para dividir jurisdicciones y aliviar esa situación, sobre todo en materia de cláusulas abusivas. Estamos hablando de los partidos judiciales sobre todo de Illescas y Orgaz, para dar una situación normal. La división de jurisdicciones debe de ser un anhelo del ciudadano para que se le resuelvan de una forma normal las cosas", ha agregado Brigidiano.

Autonomía presupuestaria y aplicaciones informáticas compatibles en el Ministerio Fiscal

De su lado, respecto a las reivindicaciones propias de los fiscales, Joaquín López ha recordado que estas reivindicaciones se exigen "desde hace bastante tiempo ante la pasividad e innación institucional por parte de todos los poderes políticos, que no vienen a resolver unas demandas que son de justicia, ineludibles".

Así, apunta a "la necesidad" de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal a través del reconocimiento efectivo de su autonomía y singularidad presupuestaria, así como la clarificación y definición de las relaciones del Fiscal General del Estado y el poder ejecutivo". En este sentido, resaltan también "la necesidad de derogar de una vez por todas el sistema de plazos máximos pasados para la instrucción penal en nuestro país, un instrumento absolutamente extraño y ajeno al sistema procesal existente". "Se trata de un elemento distorsionador y sobre todo generador de un cierto riesgo de impunidad y, derivado de ello, de imposible o deficiente reparación de las víctimas", advierten los fiscales.

Por otra parte, han hecho hincapié en que las aplicaciones informáticas y telemáticas que se generan en el sistema de justicia digital, que se lleva a cabo en parte del territorio nacional, sean compatibles en todo el mapa judicial de la administración. En este punto, López ha aclarado que la Fiscalía Digital trabaja en una plataforma tecnológica que es "incompatible con el sistema de gestión procesal que se lleva en los juzgados", una circunstancia que "conlleva una serie de dificultades" que "entorpecen y ralentizan" su trabajo.

"Se está incorporando a un sistema visor sobre el que nadie está otorgando ningún tipo de garantía procesal y eso puede tener unas consecuencias absolutamente irreparables una vez se llegue al enjuiciamiento de los hechos no solo para el acusado de unos hechos sino también para todas las víctimas", ha advertido el fiscal sobre los documentos con los que se trabajan en estas aplicaciones informáticas.

Un reglamento interno para reparar una situación "absolutamente demencial"

También, el representante de la Asociación Progresista de Fiscales ha señalado también "la necesidad" de dotar a este colectivo de "un reglamento de funcionamiento interno propio de un estado democrático dado que el actual data del año 1.969". "Es una situación absolutamente demencial", apuntan los fiscales.

"Por último, reclamamos la necesidad imperiosa de que sea la Fiscalía General del Estado la que recabe una serie de competencias básicas en aspectos muy determinantes, sobre todo en el ámbito de la formación profesional de cada uno de los fiscales, que a día de hoy siguen estando residenciadas en el Ministerio de Justicia, una situación bastante incompatible con la formación inicial y continuada durante el ejercicio de la profesión", han señalado.

El presidente del TSJCM muestra su solidaridad con ambos colectivos

Aunque no ha podido sumarse a "las medidas de presión colectiva" da la huelga convocada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, se ha adherido a la declaración conjunta de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de España, que han afirmado que su posición institucional como "máximos representantes del Poder Judicial en cada comunidad autónoma" les impide sumarse a medidas de presión colectivas en su ámbito profesional.

No obstante, sí que han trasladado su "solidaridad" a ambos colectivos "en su intento por mejorar la situación actual" en el ámbito judicial. "Las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes legislativo y ejecutivo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la carrera judicial y fiscal", han lamentado.