Buscar el mejor procedimiento amparado por la recién aprobada Ley de Memoria Democrática es el objetivo que se han marcado los servicios jurídicos de Izquierda Unida (IU) de Castilla-La Mancha para solicitar que se saquen del Alcázar de Toledo los restos de los golpistas José Moscardó Jaime Milans del Bosch.
Lo ha anunciado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, quien precisa que este partido quiere articular el mejor procedimiento para “saber cómo aplicamos la norma en la región”. Se ha referido a la exigencia de cumplir la Ley en el caso de la cripta del Alcázar de Toledo, en la que se encuentran el general José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, “dos golpistas que están enterrados en un edificio propiedad del Ministerio de Defensa”.
En este punto, y apuntando el artículo 38.3 de la norma aprobada, Juan Ramón Crespo considera que existen argumentos suficientes para se cumpla una reivindicación “que esta formación lleva décadas exigiendo”. IU quiere “sacar a los golpistas de un edificio público que no tiene que mantener ese pequeño tumor en la cripta” porque “esa presencia supone un retroceso de los avances democráticos y, ahora, una ilegalidad”.
Considera IU que se están perpetuando “los privilegios que los golpistas siguen disfrutando gracias a los recursos públicos tras fin de la dictadura franquista” por posicionarse “del lado del fascismo golpista español en la sublevación que estos rebeldes protagonizaron en Toledo”. Concretamente este privilegio reside en el derecho de que en torno a 200 golpistas fueron enterrados en un hipogeo de acceso restringido situado en ese edificio público propiedad del Estado, en concreto en una cripta de acceso privado.
Nombres de municipios
La labor jurídica de este partido política también se centra en conseguir el cambio de denominación de algunos municipios de la región como Numancia de la Sagra, Alberche del Caudillo y Llanos del Caudillo. El artículo 35.2 de la nueva normativa contempla que las denominaciones “no deben enaltecer a golpistas que se sublevaron contra el Gobierno democrático de la República”.
Sobre la manera de proceder en ambos casos, el coordinador regional de Izquierda Unida ha explicado que “aunque no deberíamos ni tener que intervenir por tratarse, el Alcázar, de un edificio público", el partido está estudiando a quién debe enviarse; si al Ministerio de Defensa o a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
De cualquier forma, ha dicho que el trámite “debe propiciar el respeto de una Ley aprobada en el Parlamento que aboga por acabar con cualquier mácula de fascismo, franquismo, en un edificio público que, además, pertenece a un Ministerio llamado a defender la Constitución y la democracia”.