El amianto vuelve al centro del debate tras la petición de Izquierda Unida-Podemos. El concejal de la formación en el Ayuntamiento de Toledo ha pedido este lunes al equipo de Gobierno municipal que dé a conocer el inventario de edificios municipales y públicos de la ciudad de Toledo que contengan amianto, "respondiendo a sus obligaciones legales en esta materia".
"Fue un compromiso del propio alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tras el pleno de septiembre del pasado año, tras el cual se sigue sin conocer dónde está este material en la ciudad de Toledo y sin tener un plan de retirada ni de protección de esos elementos", ha afirmado el portavoz de la formación, Txema Fernández.
El concejal de IU-Podemos asegura que el censo de los edificios municipales y públicos que no sean municipales "es un instrumento fundamental para conocer dónde está el peligro conviviendo con los vecinos y vecinas, pero sobre todo debe ser la herramienta útil que garantice la protección del entorno en materia de salud y de medio ambiente".
Así, el portavoz ha criticado a Carlos Velázquez por reconocer que es una competencia del Ayuntamiento y asegurase, tal y como dijo, que lo iban a hacer y ocho meses después no "tengamos ninguna noticia al respecto". "La dejación de funciones de la Concejalía de Medio Ambiente perjudica gravemente la salud de los vecinos y vecinas de Toledo", reprocha.
"Si es que se pusieron a trabajar como prometieron", este inventario debería publicarse en un formato accesible para toda la ciudadanía.
El barrio del Polígono es una zona de las zonas más afectadas donde se sigue "conviviendo con ingentes cantidades aún por retirar y otras solo tapadas y destapadas con cada episodio meteorológico adverso".
Obligación legal
Tal y como recuerda IU-Podemos, los ayuntamientos están obligados por ley a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Un censo que, según recoge la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, "debe estar hecho en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma".
En dicho plazo también deberían presentar un calendario planificando de su retirada. Además, tanto el censo como el plan "serán públicos y remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado".
"Creo que es nuestra obligación y eso sí es competencia del Ayuntamiento", afirmó el alcalde de Toledo respecto a este inventario que la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a realizar en el plazo de un año a los ayuntamientos desde su entrada en vigor en abril 2022.
Preguntado por este medio, el Consistorio no ha facilitado información sobre el estado de este inventario.