IU-Podemos critica al gobierno de Velázquez por "no recuperar" el solar de Santa Bárbara para vivienda pública
Txema Fernández considera que PP y Vox han hecho "dejación de funciones" al no revertir estos terrenos, tal y como contemplaba una cláusula del contrato si se superaban los plazos de urbanización
Solar del paseo de la Rosa en el que se va a llevar a cabo la promoción de 60 viviendas / Imagen: Lidya Wassmuth
El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha acusado al equipo de Gobierno de PP y Vox de hacer "dejación de funciones" por no recuperar el solar de Santa Bárbara para vivienda pública.
"Podrían haber hecho efectiva la cláusula VIII.1 del contrato de venta del solar público en el que se especificaba que si la empresa no cumple con lo firmado, el Ayuntamiento puede recuperar el solar para gestionarlo directamente", sostiene Txema Fernández.
El convenio que se selló para la venta de estos terrenos municipales -y en parte de Adif-, establecía un plazo de 26 meses -el propuesto por el agentes urbanizador (Diseño del Tajo) a contar desde marzo 2021- para urbanizar los mismos, así como el terrizo que hay entre la rotonda del Hortelano y el puente de Azarquiel, que ahora se usa como aparcamiento.
Sin embargo, la promoción de 60 viviendas que se iba a hacer en esta parcela -así como la urbanización de la UA1- se paralizó de por la crisis que había en el sector y por los elevados precios de la misma, y no llegó a ejecutarse.
El Ayuntamiento amplió -por segunda vez- el plazo para poder urbanizar hasta diciembre de 2027 después de haber mediado entre la promotora y una nueva empresa constructora -Cotolma- que va a pasar a hacerse cargo de la urbanización del espacio y de la construcción de las 60 viviendas, aunque Diseño del Tajo continuará siendo el agente urbanizador.
Txema Fernández asevera además que la Empresa Municipal de la Vivienda "podría actuar ahí y velar por que el nivel de protección fuera el que se necesita en función de las capacidades económicas de la ciudad".
Sin embargo, recrimina el portavoz de IU, el equipo de Gobierno ha preferido "permitir y compartir el modelo público-privado de la Junta que no es asequible para la mayoría de los salarios". Lamenta por ello que haya preferido entregar el terreno a otra empresa constructora privada "a la que habrá que convencer de que los precios de esas viviendas sean asequibles y no lleguen a ocupar el 30% de los ingresos familiares para conseguir hacer universal este derecho de dignidad vital".
Cumplir con la ley de Vivienda
Asimismo, ha criticado que "ni la Junta ni el Ayuntamiento sean capaces de asumir su responsabilidad para cumplir con una Ley, que es de obligado cumplimiento, como es la de Vivienda de 2023".
Sin embargo, lamenta, "utilizan la construcción de viviendas bajo el modelo público-privado como escaparate fotográfico". "Quizás es el momento de dejar de hacerse fotos en los esqueletos de los edificios por construir -y encima al lado de otro con 86 viviendas cerrado esperando que algún fondo buitre lo gestione-, e imprimir una verdadera política de vivienda de acceso universal", señala Fernández.
Así, el grupo municipal de IU exige a las administraciones competentes en materia de vivienda que "cumplan con su responsabilidad" y considera hipócrita la actitud del equipo de Gobierno local que, "mientras asegura que está en el camino de construir viviendas públicas y asequibles, hace dejación de funciones con el solar de los terrenos de ADIF en Santa Bárbara".
El concejal de Izquierda Unida reclama que el acceso a la vivienda sea un derecho real "y no una posibilidad lejana solo asumible para quien tiene 275.000 euros -que es el precio de compra de la vivienda que se está ejecutando en la Subida del Hospital en Santa Bárbara-, o puede pagar 650 euros al mes más los impuestos municipales y los suministros, que es el precio de las viviendas de alquiler que llaman asequibles desde la Junta", resalta.
Al respecto, vuelve a insistir Fernández en que la Ley de Vivienda de 2023 establece que el acceso universal significa que las familias no deben invertir más del 30% de sus ingresos en este derecho constitucional. "Esta ley de obligado cumplimiento -subraya- exige un paso previo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede dar y no quiere, y es declarar zona tensionada la ciudad de Toledo".
Porque, matiza, la ciudad registra un precio medio de alquiler de algo más de 790 euros mensuales, un gasto que supera con creces el 30% del salario medio, según ha informado la formación en nota de prensa.
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