El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha denunciado que el equipo de Gobierno local de Toledo "incumple la ley de Transparencia debido a que no entregan la información solicitada por registro", pues afirma que "no se fiscalizan los contratos mayores en Comisión de Hacienda, no informan sobre las modificaciones presupuestarias y no justifica los 2,5 millones de euros que se gastan al año en contratos menores".
Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de la formación, Txema Fernández, quien ha explicado que "la ley de Transparencia del año 2013 obliga a que las páginas web de información municipal publique de forma ordenada y comprensible la información municipal en el Ayuntamiento de Toledo".
Fernández ha señalado que el Consistorio toledano ha firmado un total de 1.020 contratos menores en 2021 y 560 en el primer semestre del 2022 por valor de 2.500.000 euros.
"Desconocemos para qué, por qué y en qué se ha gastado ese dinero y, tampoco, conocemos si se ha justificado el motivo de ese contrato. Eso tiene bastante más trascendencia en materia de transparencia", ha apostillado.
Del mismo modo, ha criticado "la opacidad" que a su juicio "ejerce el equipo de Gobierno local sobre la oposición al no entregar cientos de decretos de Alcaldía" que ha solicitado la formación de izquierdas "sin obtener respuesta".
"Hemos pedido sus expedientes para revisarlo y para ver porqué se han producido algunos pagos o para ver en qué consisten determinados decretos de Alcaldía. Desde el año 2021 no tenemos contestación de algunos de estos contratos que también tienen obligación legal de contestar para ejercer una labor de oposición eficaz", ha recriminado.
En este sentido, ha lamentado que no se cumpla la moción propuesta por Izquierda Unida-Podemos de Toledo en el año 2020 para fiscalizar los grandes contratos que gestionan los servicios municipales en la Comisión de Hacienda y Transparencia.
"Creemos que es importante que se fiscalice los contratos de forma lo más ordenada y transparente posible para saber cómo están los trabajadores y si se están cumpliendo los objetivos del contrato", ha asegurado.
Personal de sala del Teatro de Rojas
Por otro lado, el edil ha exigido que se paralice "de forma inmediata" la adjudicación a la empresa que va a gestionar el servicio de atención en sala y el servicio de acomodadores aprobado por PSOE, PP, Cs y Vox en el Consejo Rector del Teatro de Rojas por varios motivos.
El primero, según ha concretado Fernández, se trata de las cláusulas recogidas en el pliego de condiciones de dicho contrato debido a que especifica que si la empresa no paga a los trabajadores "sólo se les impondría una sanción que va de los 100 a los 1.000 euros". "Es una irresponsabilidad política haber votado a favor", ha considerado.
Además, ha afeado al Gobierno local que haya aceptado en esta licitación "una baja temeraria de una empresa para prestar el servicio debido a que es un centro especial de empleo". "Justifica la baja temeraria porque recibe subvenciones al tener contratadas a personas con discapacidad", ha apuntado.
Finalmente, ha preguntado qué va a pasar con los actuales trabajadores y trabajadores que prestan el servicio de sala y de acomodadores del Teatro de Rojas al no tener ninguna discapacidad.
El Gobierno defiende que se trata de "un proceso reglado"
Sobre esta cuestión ha sido preguntada la portavoz municipal, Noelia de la Cruz, que ha indicado que "el Ayuntamiento, dejando al margen el equipo de Gobierno, cuenta con unos técnicos en las diferentes áreas de gestión municipal con un rigor exquisito".
"Se hacen procedimientos adecuados, pero irregularidades ninguna. El proceso de contratación de personal en el Rojas es reglado y cuenta con el beneplácito y el 'ok' de los servicios de contratación correspondientes, como no puede ser de otra manera", ha agregado.