El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha criticado que, a su juicio, el equipo de Gobierno siga "despreciando los derechos de los trabajadores del tren turístico porque ha vuelto a obviar, en las condiciones de la autorización para la explotación de este servicio, incluir obligaciones en materia de seguridad laboral".
El concejal de izquierdas, que ya advirtió en la última reunión del Patronato de Turismo antes de su disolución, de la necesidad de incluir cláusulas en este contrato que garantizasen condiciones laborales dignas sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales y de exposición a condiciones climatológicas adversas, lamenta que el nuevo documento de licitación no incluya nada.
"Es lamentable ver a los trabajadores de la empresa concesionaria a pleno sol y a 40 grados de temperatura ahora en verano y en invierno sin un lugar en el que resguardarse de las lluvias", denuncia Fernández.
Matiza en este sentido Fernández que el pliego de condiciones técnicas y administrativas para la explotación de la actividad que desarrolla el tren turístico no contempla la adaptación de los puestos de trabajo ni obliga a la empresa a tomar ninguna medida para cumplir con el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
En este real decreto se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y desde su modificación del año 2023 obliga a las empresas a tomar medidas de protección para las personas trabajadoras frente a los riesgos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas.
Pero también recuerda Fernández que el artículo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, define como medidas preventivas la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora.
"Ni antes ni ahora parece que los equipos de Gobierno de este Ayuntamiento, desde la responsabilidad que le otorga ser quien adjudicará la licencia para esta explotación, han querido molestar a la empresa exigiendo condiciones dignas de trabajo para la plantilla", denuncia Txema Fernández.
Sin atención a personas con movilidad reducida
Además, el portavoz de Izquierda Unida reprende al equipo de Gobierno por "su falta de exigencias en materia de atención a personas con movilidad reducida y en materia de movilidad sostenible ya que el pliego -que ha salido antes de ser aprobada la Zona de Baja Emisió-- tampoco obliga a usar medios de transporte con combustible alternativo no contaminante".
"Sabiendo que la movilidad sostenible será un pilar esencial en materia de lucha contra el cambio climático y marcará la agenda y obligaciones del Consistorio, no entendemos que se pasen por alto obligaciones concretas al respecto", señala Fernández.
Para el concejal de IU la calidad del transporte también se garantizaría exigiendo que a la firma del contrato los vehículos que se pongan en marcha en la prestación de este servicio fueran nuevos, "ya que al no estar contemplado en el pliego de condiciones esa obligación, pueden continuar con ellos durante el tiempo que estime conveniente o hasta que las normas medio ambientales se lo permita".
El nuevo contrato, explica Fernández, será para dos años más dos prórrogas anuales, y se adjudicará por un importe mínimo de 624.960 euros al año a quien oferte la mayor cantidad de canon, sin tener que pagar IVA por ser una concesión administrativa municipal.
En el pliego de esta concesión administrativa ni se fijan precios máximos, ni plazas para personas con movilidad reducida, ni medidas de protección para la plantilla pero sí se establece que el único punto de recogida y descarga de pasajeros en el Casco será la cuesta de Capuchinos como ha venido demandando Izquierda Unida desde la pasada legislatura.
Un espacio en el que también tendrán que realizar su trabajo los empleados y empleadas que informen de este servicio turístico y vendan los tickets sin que el Ayuntamiento obligue a la empresa a habilitar infraestructuras adecuadas para que no sufran las inclemencias meteorológicas.