La Guardia Civil ha investigado a dos mujeres, una de ellas vecina de la provincia de Toledo, como presuntas autoras de una estafa informática que provocó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa de Cantabria mediante la suplantación de un correo electrónico corporativo.
La investigación, desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil en el marco de la denominada 'Operación Espejo', considera a ambas investigadas responsables de presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, acceso ilegal a sistemas informáticos y falsedad documental.
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Las pesquisas comenzaron tras la denuncia presentada por la empresa afectada a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. La mercantil había abonado una factura pendiente a una cuenta bancaria distinta de la habitual después de recibir un correo electrónico que aparentaba proceder de uno de sus proveedores.
Según la investigación, los ciberdelincuentes utilizaron una dirección de correo cuyo dominio apenas difería del original para hacerse pasar por el proveedor. Desde esa cuenta fraudulenta comunicaron un supuesto cambio de número de cuenta bancaria, alegando problemas con su entidad financiera.
Convencida de que la comunicación era auténtica, la empresa realizó una transferencia de 12.000 euros a la cuenta indicada. El fraude se descubrió posteriormente, cuando el proveedor legítimo reclamó el pago de la factura.
Durante la investigación, los agentes analizaron las comunicaciones electrónicas utilizadas para la suplantación y rastrearon el recorrido del dinero. El análisis técnico y financiero permitió identificar a la titular de la cuenta que recibió los fondos y reconstruir el entramado empleado para ocultar el origen ilícito del dinero.
Las dos investigadas, junto con las diligencias practicadas por la CiberComandancia en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial y los juzgados de Toledo y Madrid, han sido puestas a disposición del Servicio de Registro y Reparto de los Juzgados de Talavera de la Reina.
Además, la Guardia Civil ha propuesto solicitar una comisión rogatoria internacional a Nigeria para tratar de identificar al beneficiario final del dinero defraudado.
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