“Hay tiempo y no hay excusas” para aprobar la Ley de Garantía de Ingresos

la consejera encargada del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz

El pacto con el que el PSOE y Podemos gobiernan juntos en Castilla-La Mancha pasa por su peor momento. Restan semanas para la disolución de las Cortes regionales y el Gobierno autonómico mantiene su intención de no remitir más proyectos de ley a las Cortes porque considera que hay una “pinza” entre el diputado crítico de la formación morada, David Llorente, y el PP. Esto afecta, además de a las leyes pendientes del final de legislatura, al proyecto normativo para implantar una renta garantizada en la comunidad autónoma. La Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, según el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, no se va a aprobar esta legislatura. Es la norma ‘estrella’ con la que Podemos entró en el Ejecutivo de García-Page y la ha elaborado la consejera encargada del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, de Podemos, junto con numerosos colectivos sociales. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué pasará ahora? Hablamos de ello con la consejera Herranz:

¿Cómo valora las declaraciones del presidente de las Cortes confirmando que no se tramitará el proyecto de Ley de Garantías?

Las explicaciones las tiene que dar el presidente de las Cortes pero desde luego, nuestro posicionamiento es claro: debe tramitarse, debe debatirse y los 33 diputados deben decidir si apoyan esta ley o no, y en caso de no apoyarla, tendrán que dar explicaciones de por qué.

¿Ha tenido algún tipo de comunicación del Gobierno regional o de las Cortes donde se le haya informado de que esa ley no se iba a tramitar?

         

No sabemos lo que ha pasado. La ley tiene el visto bueno del Consejo del Gobierno y del Consejo Consultivo y el día 12 de febrero se aprobó su remisión a las Cortes. Eso debería ser más que suficiente, porque es una orden del Gobierno. No entiendo por qué no se puede tramitar. Todas las leyes son importantes, pero una normativa que crea un derecho para una vida digna de la población Castilla-La Mancha, no hay excusas para no tramitarla. Ahora mismo, hay tiempo y no hay excusas.

Si fuera posible finalmente, ¿tendría que tramitarse por procedimiento de urgencia?

Eso depende de las Cortes, pero creo que incluso habría tiempo para un trámite normalizado. Lo que sí es cierto es que tiene que ser ya, y que sea el Parlamento el que gestione ese proceso. Nosotros entramos en el Gobierno con un objetivo principal y mi palabra la he cumplido, tanto yo como todas las personas que han trabajado en esta ley y que nos han acompañado: organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales… Esto ha sido un trabajo colectivo de mucha gente con una ley muy avanzada en derechos sociales y que está ajustada a los presupuestos. Si no se vota, la ciudadanía no lo va a entender y tendrá que pedir responsabilidades a aquellos que paren ese proceso.

¿No cree que esas responsabilidades se las van a pedir a Podemos?

No. Podemos no solamente la ha hecho, no solamente ha sido una ley participada, no solamente en poco más de un año y medio ha tenido un procedimiento impecable y está aprobada por el Consejo, sino que además vamos a pelear de manera incansable para que esa ley se vote en las Cortes. No sé qué toma de decisión puede tener el presidente de las Cortes como para decir que no puede entrar.

Como dice, el proyecto recibió el visto bueno del Consejo, pero después el portavoz del Gobierno dijo (y mantiene) que quedaba retenida por la situación con el diputado de Podemos, David Llorente, pero este último ha insistido en que votaría a favor. Sin embargo, la ley sigue bloqueada. ¿De quién considera entonces que es la culpa de que no llegue a aprobarse?

Me gusta más hablar de responsabilidad, pero lo único que puedo decir es que la ley debe realizar todo el procedimiento legislativo. Hasta su aprobación en el Consejo de Gobierno, se han respetado la totalidad de los procedimientos, con absoluta transparencia y de manera impecable. Lo único que ahora se está pidiendo es que ese procedimiento se siga respetando. Estoy segura de que si la ley entra en las Cortes y llega a pleno, sale. Quien pare ese procedimiento, tendrá que explicarlo. Que se apruebe demostrará la altura política de esta región. No podemos jugar con la vida de la gente.

El diputado socialista Rafael Esteban ha reprochado que ahora en Podemos «vengan llorando y con prisas»…

Para responder a eso solo hay que tirar de un mínimo de trabajo de hemeroteca. Que pregunten cómo hemos trabajado. A las entidades, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a los ciudadanos. Observen y miren cómo es el procedimiento que hemos llevado a cabo durante un año y medio en el Gobierno, donde no solo hemos implementado el Plan de Garantías Ciudadanas, sino que también lo hemos evaluado, hemos hecho un diagnóstico y hemos elaborado una ley.

Y si finalmente no se tramita, ¿qué supondrá para Castilla-La Mancha?

Le voy a dar la vuelta a la pregunta. No me coloco en la posición de que no se tramite. Debe tramitarse, debe aprobarse. Y hay varios aspectos fundamentales: primero de todo, porque supone la transformación de un sistema de prestaciones en un derecho permanente y evita que sea una tómbola, configurándolo al igual que se hizo con el derecho a la salud o a la sanidad, pero en este caso para tener lo mínimo para una vida digna. En segundo lugar, hay una bajada importante de la población también por la migración forzada y falta de futuro. Los niveles mínimos de renta la afianzan. A todo ello se añade la capacidad de retorno de la ley, que supone una inversión directa sobre la renta de los hogares. Una familia con una renta mínima asegurada la invertirá en el consumo de proximidad, es decir, en cada uno de los municipios de la región: un aumento de la producción y del empleo. Por todo ello, y frente a otro tipo de debates, lo primero es invertir en la gente de Castilla-La Mancha.

Inmaculada Herranz en la toma de posesión de los miembros de Podemos en el Gobierno castellano-manchego / JCCM

Dice que se ha trabajado mucho para esta ley, y ahora que su aprobación está en entredicho por unos u otros motivos, ¿cree que ha merecido la pena el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos?

El trabajo desarrollado ha merecido la pena a muchos niveles. Ahora mismo, el hecho es que nos encontramos mucho más cerca de tener un derecho avanzado de ciudadanía y de protección estable y permanente para Castilla-La Mancha que  cuando nosotros no estábamos. Porque esta ley no se hubiera hecho sin nosotros en el Gobierno.

¿Tendría intención de seguir en el Gobierno si así se lo propusieran en el caso de que Podemos mantuviera su representación y hubiera una renovación del pacto, o estaría condicionada esta posibilidad a la aprobación de la ley?

Yo creo que no es tan importante la persona. Sí creo que si hay dirección, y estamos de acuerdo en que avancemos hacia la ampliación de derechos, que tengamos como objetivo principal la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y que evidentemente esta ley llegue a la población, un pacto de progreso es siempre viable. Donde no vamos a estar es en un pacto de retroceso.

Ahora todo está en precampaña. ¿Puede estar afectando a este proceso el hecho de que cada partido piense y actúe en clave electoral?

Efectivamente estamos en un contexto bastante convulso, pero el momento no puede servir de excusa. El Gobierno tiene que seguir trabajando y sacar las cosas adelante. No me vale el contexto electoral como excusa.

«Esta normativa tiene que estar por encima de muchos posicionamientos políticos»

¿Le han trasladado algunos de los colectivos sociales que han participado en la redacción de la ley su malestar o incertidumbre por su bloqueo?

No solo a mí. En el último Foro Ciudadano del Gobierno, varias entidades y organizaciones hicieron explícito el apoyo a la ley. El cómo se ha hecho es muy importante y todos los colectivos han sentido que esta norma no es una ley de una sección del Gobierno, sino que es suya, de la ciudadanía. Se han aceptado buena parte de sus alegaciones, han trabajado de manera sistemática. Es una ley de todos.

Ahora se están gestionando mociones para buscar el apoyo de ayuntamientos y ya habido un respaldo municipal del PSOE. ¿Cree que tendrán alguna utilidad?

La política municipal tiene la capacidad de estar más pegada a los ciudadanos. Con ello se visualiza que con una ley de este tipo tenemos que traspasar el entorno político. Desde el ámbito local, es lógico y normal reclamar para sus ciudadanos una inversión directa en su población.

¿Alguien del PSOE le ha transmitido la necesidad de esta ley o su malestar por que pueda no aprobarse?

Hay mucha gente que apoya esta ley. Mucha gente del PSOE y mucha gente de Podemos y de otros partidos considera es que es una buena ley. Hay cuestiones con las que no podemos entrar en juego, insisto, y es la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Esto tiene que estar por encima de muchos posicionamientos políticos.