La gestión sostenible del agua es imprescindible para establecer políticas de desarrollo rural y evitar la despoblación que han venido sufriendo las comarcas que se han visto privadas de sus recursos hídricos y, fundamentalmente, de los ecosistemas ligados al agua, ya sean superficiales (ríos, arroyos, manantiales) o subterráneos. Es una de las conclusiones que contempla el documento elaborado por grupos ecologistas y plataformas en defensa del agua de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana -- concretamente de la provincia de Alicante-- reunidas días atrás en Albacete.
Precisamente en este encuentro se hizo un análisis del estado de los cuatro ríos. Se refiere al Tajo, Júcar, Segura y Guadiana, y las causas de su deterioro ligado a "un desarrollo económico alegal" que ha ido "secando acuíferos, pozos, manantiales y fuentes e incluso ríos", en el caso del Segura, tal y como explica a esta redacción José Julio del Olmo, miembro de Ecologistas en Acción.
Entre las conclusiones que se extrae de este primer encuentro entre territorios, es la del "expolio absoluto desde finales de los 70 y la usurpación de un bien público en favor de un modelo de agricultura totalmente insostenible que ha beneficiado a unos pocos 'aguatenientes' ", dice Del Olmo.
Así lo reflejan en el documento, con una veintena de puntos, entre análisis y propuestas, donde aseguran que el agua, tanto superficial como subterránea "ha dejado de ser un bien de dominio público" para convertirse en "objeto de especulación de unos pocos", y que ha derivado en "la contaminación y el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas".
Por ello estos colectivos aseguran que es imprescindible que toda la sociedad "se movilice para exigir que se cumpla la Ley, y sobre todo, la normativa que emana de la Directiva Marco del Agua (Parlamento Europeo, 23 de octubre de 2000) que considera dicho recurso como un patrimonio que hay que proteger para que pueda ser utilizado de forma sostenible para la satisfacción de las necesidades humanas".
"Igualmente, hay que poner en cuestión a los usuarios hidroeléctricos como usuarios representativos de la sociedad, ya que, además de ser responsables del deterioro de los ríos, a través de la modificación insostenible de la dinámica fluvial son culpables del desequilibrio absoluto con los ciclos estacionales naturales, que han provocado la pérdida total de la biodiversidad de nuestros ríos", añade Del Olmo.
Una realidad a la que, según el ecologista, la sociedad, en general, está viviendo de espaldas, "y a la tragedia que puede sobrevenir, en el caso de no reaccionar pronto, tanto por la escasez del recurso en un futuro no muy lejano, como en su falta de calidad para el consumo humano, así como la privatización de agua de calidad para los usos habituales de la población". Esto aumenta el riesgo de "colapso hídrico" que, según advierten los colectivos participantes del documento, "pondría en peligro no solo el abastecimiento a la población, sino su propia alimentación futura, solamente por exportar unas pocas lechugas más a día de hoy por parte de una minoría de aguatenientes o por aumentar los excedentes de vino".
Vista del río Tajo en la provincia de Toledo JCCM
Nace una plataforma interterritorioal
La idea del encuentro, celebrado a principios de este mes en Albacete, surgió el pasado mes de noviembre en una reunión entre los colectivos ecologistas celebrada en la localidad conquense de El Provencio. "Allí se sugirió hacer un encuentro regional pero invitando a los colectivos de otras regiones que comparten las cuencas hidrológicas con esta comunidad autónoma", explica José Julio del Olmo.
Ante esta situación, los colectivos que participaron en esta Jornada por la gestión sostenible de los ríos de las cuencas más grandes de Castilla La Mancha y de las comunidades vecinas de Murcia y Valencia, han decidido constituir una Plataforma Interterritorial para seguir trabajando en todos estos temas y que tiene por objetivo informar y presionar a la sociedad, para que se cumpla la Ley, especialmente la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas.
Así, también han puesto sobre la mesa algunas propuestas, como la de mediar entre los dos sectores que están enfrentados: los grandes consumidores, tanto hidroeléctricos como agrarios,que tienen que modificar el uso que hacen del recurso, y la sociedad en su conjunto (consumidores, agricultores tradicionales, conservacionistas).
Además reclaman a las administraciones que se lleve a cabo la "catalogación, conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico y etnográfico asociado a los regadíos tradicionales. "Proponemos-- insiste Del Olmo-- la creación de la figura la 'memoria del agua' que recoja todas estas actividades".
Esta nueva plataforma, va un paso más allá y pide también que se haga "una revisión urgente de las concesiones de agua" otorgadas por el Estado o las administraciones autonómicas, en los casos en los que dichas adjudicaciones son ya superiores a la disponibilidad del recurso hídrico, de manera que se adapten a la nueva realidad producida por la escasez o el deterioro significativo del mismo. Todavía está pendiente la elaboración del inventario o registro de todos los pozos existentes, como obligaba la Ley de Aguas de 1985, para determinar el grado de legalidad de los mismos y actuar legalmente en consecuencia.
Y por supuesto, insisten en la necesidad de "prohibir y vigilar las infraestructuras agrarias de alto impacto, además de perseguir con la ley todas las que se ha hecho de forma ilegal.
Propuestas que ya han trasladado a varios partidos políticos para que las incluyan "o al menos las tengan en cuenta" en sus programas electorales de las elecciones autonómicas previstas para el próximo 26 de mayo y con las que pretenden que se tome conciencia para sacar de una situación de "emergencia" el estado de las aguas en estas tres regiones.
