La empresa pública de vivienda de la Junta, Gicaman, ha señalado, a raíz de los datos que están recogiendo en un informe con el que diagnóstica la situación del bloque de las 148 del Polígono de Toledo, que el 87 por ciento de los vecinos encuestados considera que la vivienda en la que residen presenta unas condiciones adecuadas, mientras que “solo el 54 por ciento” opina que la situación de las zonas comunes es buena o regular.
Estos datos, según explicó el director del área de Patrimonio y Vivienda de Gicaman, Fernando de Pablo Hermida, se recogen a través de las encuestas que están realizando para completar el mencionado informe y en las que afirma que han partido un total de 65 cabeza de familia de todas las que viven en las 148 viviendas, calificadas de protección oficial (VPO).
El responsable de Gicaman ofreció otros datos que contrastan con la denuncia que hicierons los vecinos de la situación de estas viviendas y sus precios de alquiler hace unos días. Así, afirmó que de los encuestados de este edificio situado en la calle río Yedra y que según Hermida tiene viviendas de “entre 45 y 89 metros cuadrados” de las que el 85 por ciento de los vecinos encuestados califica como "bueno" el estado de instalaciones de calefacción, fontanería o el fluido eléctrico de los hogares.
Solo el 10 por ciento cree que el suelo del bloque o la carpintería exterior se encuentra también en un estado adecuado. “Sobre las zonas comunes, valoran positivamente la convivencia residencial y la seguridad de la protección, en contra de lo mucho que oímos por ahí”, dijo el director de Patrimonio y Vivienda de Gicaman sobre la relación vecinal de las 148, donde conviven múltiples nacionalidades.
Una información que contrasta con la opinión de uno de los vecinos de este bloque de viviendas, Pablo González, quien asegura que las cifras que ofreció Hermida, en el contexto de las Jornadas Técnica de Vivienda que se han celebrado en el Centro Social del Polígono, son “falsas”. “Si había 20 personas a las que han entrevistado se me hace hasta largo”, resalta González, que añade tajantemente que el responsable de Gicaman “engañó a la sala”.
Tampoco comparte este vecino otros datos ofrecidos por Hermida, como el precio medio de alquiler por por metro cuadrado, que se sitúa en palabras del responsable de Gicaman en 3,1 euros en estas viviendas -mientras que el de la vivienda de mercado libre alcanza “los 4,9 euros”-. En este sentido, Pablo alude a que su alquiler ascienda a 421 euros al mes por un piso de 78 metros cuadrados. Según las cuentas de Gicaman, el precio debería oscilar, teniendo solo en cuenta este parámetro, en poco más de 240 euros.
Viviendas de calidad “media-alta” y desperfectos en zonas comunes
Durante la conferencia que ofreció Hermida, algunos de los vecinos interrumpieron al ponente negando los datos que iba ofreciendo y criticando la situación del edificio. El responsable de la empresa continuó, no obstante, afirmando que, según el análisis arquitectónico del edificio, se valora “positivamente el acabado de las viviendas, que son de una calidad media-alta” en cuanto a su distribuición, diversidad, amplitud y luminosidad. “Por el contrario, se detectan defectos en pavimentos de madera, en vidrieras, algunas baldosas y alicatados, así como también en la carpintería exterior. No todo es positivo”, agregó Hermida.
En este sentido, aludió también a la inoperatividad de la puerta exterior, la falta de barandillas en el portal o la barrera antipánico, el vaciado de algunos extintores y otras deficiencias que “serían mejorables con un mejor uso de los vecinos y del gestor”.
De todos los inquilinos de este edificio, 45 se encuentran en riesgo de exclusión social y 54 presentan también desventajas sociales. Con ellos, afirma Hermida, se desarrollan estrategias contra la pobreza e incide en la importancia de aplicar el Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno regional, además como los planes de empleo u otras iniciativas que ayuden también a establecer mecanismos de protección para los vecinos.
“Se ha intentado discernir entre quien no paga porque no puede y quien no lo hace porque no quiere. Se han mandado requerimientos de pago, se ha contactado con ellos, se han enviado informes sociales. Hay que tranquilizarles”, recalca Hermida, que remarca que Gicaman “no va a consentir que se desaloje, se desahucie o se haga un levantamiento sobre ninguno de sus vecinos, moleste a quien moleste”.
“El 90 por ciento de lo que dijo es incierto”
Contrario a las argumentaciones y datos que ofreció el responsable de Gicaman, el vecino de las 148 ha relatado a toledodiario.es que “el 90 por ciento de las cosas que dijo -Hermida- no son ciertas”. Aparte de los ejemplos expuestos por Pablo anteriormente, este inquilino también reprocha, entre otras cuestiones, el “alto precio” de la calefacción con la empresa que gestiona este suministro.
“No atendió nuestras preguntas ni demandas”, reprocha González, que recuerda que han solicitado a la empresa pública realizar una auditoría del edificio a la que tampoco han respondido desde Gicaman. “Hemos llevado escritos a la Consejería de Fomento, al principio nos hicieron algo de caso, se rebajó un 10 por ciento el alquiler pero al cabo de los años se ha incrementado”, expone el vecino.
“Lo suyo hubiese sido ver cómo lo vamos a poder arreglar entre todos. Si ellos -Gicaman- no ponen su granito de arena, nosotros no podemos hacer nada”, dice Pablo, que lamenta también los cortes de luz que han sufrido por “no poder pagar” las facturas de la comunidad, una de ellas de “480 euros” que afirma que alcanza esta cuantía porque la empresa que gestiona los suministros está “chupando la luz del propio contados del edificio en lugar de tener uno propio”.