La primera medida de actuación “inmediata” en los vertidos de amianto del barrio toledano del polígono debe ser su cobertura mediante una capa de plástico, tal como lo señala el informe publicado recientemente por la empresa EMGRISA en encargo del Ayuntamiento de Toledo. Así lo ha señalado el portavoz del grupo municipal de Ganemos Toledo, Javier Mateo, quien explica que es el documento que recoge “de verdad” las cuestiones que afectan al vertido en Toledo y proponen soluciones.
El edil ha señalado que, debido a la magnitud de los restos, que llegan a las 90.000 toneladas según el informe de la empresa pública, habrá que sentarse también a buscar responsabilidades “políticas y jurídicas” de quieres permitieron los desechos tan cerca de un núcleo residencial. Por ahora, afirma, se debe cerrar la posibilidad a que exista “riesgo real”, lo que pasa por la estabilización de los vertidos a través de una manta de plástico que evitará la dispersión por aire y también evitará la aparición de lodos de amianto.
“Riesgo cero es igual a amianto cero”, afirmó Mateo, quien instó a las partes afectadas, propietarios, Junta de Comunidades y Confederación Hidrográfica del Tajo, además del Ayuntamiento, a elaborar un plan para una solución “definitiva” de los restos y preparar su retirada “total”. “No nos pueden dejar solos al Ayuntamiento, no por una cuestión de competencias, sino porque es un problema grande”, explicó. Refiriéndose directamente a la Junta de Comunidades, señaló que en Toledo “no queremos ser menos que Chiloeches y Seseña”, donde el Ejecutivo regional sí está actuando. “La Junta debe ser equisdistante”, concluyó. En cuanto a los costes, que el documento de EMGRISA sitúa alrededor de los diez millones de euros, Mateo señaló que el amianto debe retirarse “cueste lo que cueste”.
Moción por una ley “justa” en materia de vivienda
Ganemos Toledo presentará en el próximo Pleno de la ciudad una moción para instar a los Gobiernos regional y nacional a crear un marco legislativo en materia de vivienda y pobreza energética para que a “ninguna familia” con bajos ingresos se le pueda cortar la luz, el agua o el gas. Así, señalan que dichos suministros se consideren como básicos y que las personas en situación de vulnerabilidad cuenten con una protección ante ello. Por otro lado, el documento recoge que se contemplen medidas que impidan el embargo de prestaciones de carácter social.social.
Mateo señaló que la situación de pobreza de Castilla-La Mancha y, por ende, de Toledo son “absolutamente brutales” a pesar de la recuperación económica, ya que el riesgo de pobrezo alcanza el 36,7%.”Las administraciones debemos actuar ante esta realidad y debería ser una de nuestras máximas prioridades, pero nos topamos con un marco legislativo que nos impide actuar. Nosotros nos negamos a mirar para otro lado y queremos demandar actuaciones por eso presentamos la moción”, afirmó Mateo. Entre otros, la moción también pide la suspensión de los desahucios en caso de vulnerabilidad social y actuar también sobre las viviendas desocupadas.
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