La Consejería de Fomento ha publicado este jueves la anulación definitiva del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo, cumpliendo de esta manera las sentencias judiciales de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
En concreto, la anulación se deriva tras las sentencias número 72, 73, 74 y 76 de 31 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM por recursos presentados por Gregorio Juárez Sardinero, la mercantil Miratorre S.A., Felipe Martín Ortega, Franco Martín Martín y Pilar Gómez Colino, respectivamente.
Las sentencias provienen de los recursos presentados, que instaban a "anular el Plan de Ordenación Municipal de Toledo", cuya aprobación definitiva se llevó a cabo por Orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de 26 de marzo de 2007, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 29 de marzo de 2007.
Tanto el Ayuntamiento de Toledo como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha interpusieron frente a las referidas sentencias, Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, pero tras producirse la firmeza de dichas sentencias, Fomento ha decidido declarar nula la Orden de 2007, que aprobaba dicho POM.
¿Qué ocurre a partir de la anulación del POM del 2007?
Según explicó el concejal de Urbanismo, Teo García, el Ayuntamiento está preparado para “poner en marcha cualquier mecanismo que permita que la ciudad siga avanzando, si en un momento determinado las circunstancias son distintas”. De hecho, ha añadido, “en la propia comisión, hemos visto las posibilidades que tenemos de modificar la ordenanzas partiendo de la actualización de todos los avances que ha habido en el urbanismo y partiendo del plan general de 1986, actualizando las ordenanzas y comprometiéndonos a minimizar los efectos que pudieran dar lugar a la anulación del POM”.
A este respecto, el edil de Urbanismo ha destacado el “gran nivel de consenso, de apoyo teórico de los grupos políticos y la valoración acometida” por los mismos en el marco de esta comisión y en relación con el futuro de nuestra ciudad.
Si el POM de 2007 fuese anulado, se verían afectados desde los recibos del Ayuntamiento de Toledo por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las licencias urbanísticas pendientes en la ciudad para los nuevos desarrollos y hasta a los tiempos en la redacción del nuevo POM que debería entonces elaborarse a marchas forzadas.