Txema Fernández, portavoz de Izquierda Unida-Podemos en Toledo, ha exigido al Gobierno local de PP y Vox que culmine "de una vez por todas" el proceso iniciado para aprobar una ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Y es que, recuerda, la consulta pública de la misma terminó en septiembre de 2024 y actualmente sigue sin concretarse.
En declaraciones a los medios, el concejal ha recordado que el origen de esta normativa se remonta al año 2021 a nivel europeo y que la legislación española, en particular, impulsó la creación de ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes para promover la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire.
Sin embargo, pese a la moratoria que se dio a los ayuntamientos para aprobar la misma, en la capital autonómica sigue sin aprobarse una normativa que, según el Gobierno local de PP y Vox, no iba a suponer nuevas restricciones al tráfico en Toledo.
Txema Fernández ha recordado también que, asociada a esta normativa, Toledo ha desarrollo un proyecto subvencionado con 4 millones de fondos europeos para la implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo (SIMUSET), que conlleva la instalación de cámaras para controlar el tráfico, estaciones medidoras de polución o pantallas informativas.
"Tenemos todos los instrumentos puestos en la calle pero la ordenanza sigue sin funcionar", ha lamentado el edil, que cuestiona la utilidad de las mencionadas herramientas, "muchas de las cuales no funcionan" como las que informan sobre las plazas de estacionamiento libres en aparcamientos públicos.
"Lo que le pedimos al Gobierno del Ayuntamiento de Toledo es que si de verdad se cree un discurso de ciudades medioambientalmente sostenibles, apruebe de una vez por todas una ordenanza que ya debería ser obligatoria en nuestra ciudad y que seguimos sin tener", ha manifestado el portavoz municipal de IU-Podemos, que teme que la aprobación de la misma se retrase hasta el otoño.
Asimismo, ha advertido que, a su juicio, el equipo de Gobierno utilizará esta ordenanza "más que como una ordenanza educativa, como una punitiva, exclusivamente sancionadora con la que pagar los miles de euros que vamos a tener que necesitar para pagar el 20% de los fondos europeos".
Peatonalización y transporte público
A su juicio, la ordenanza debería dirigir a la ciudad hacia la peatonalización de las calles y el refuerzo del transporte público colectivo. "Eso sí facilita ciudades sostenibles, en lugar de debatir sobre los puentes para unir el Polígono con Azucaica que buscan soluciones al vehículo privado", señala Fernández.
Cuestionado por las posibles zonas a peatonalizar en la ciudad y dar prioridad a los viandantes frente al tráfico rodado, Fernández apunta al Casco Histórico, pero también al Polígono, a Palomarejos o San Antón, donde "se pueden hacer rutas que unan el barrio entre sí".
"Están planteando, con parte de los fondos EDIL, arreglar la TO-21 para hacer un boulevard y seguimos sin pensar en reducir la velocidad de la carretera pegada a ese boulevard. Así no se reduce, así no se garantiza la seguridad peatonal o no se cosen los barrios desde un punto de vista sostenible", indica.
De otro lado, considera que la ZBE no debería solo servir solo para el Casco Histórico. "¿Es que no hay atascos en la TO-23?", apunta el edil, donde precisa que se plantea la conexión -entre esta vía y el Polígono industrial para unirlo al barrio de Azucaica- con "un puente de 15 millones de euros para salvar un exceso de tráfico con el consecuente problema de contaminación y sin embargo quieren excluirlo de la regulación de la ZBE".
Por todo ello, sostiene que, a su juicio, PP y Vox "no se creen ni las políticas de cambio climático ni las políticas de movilidad sostenible, por eso no quieren avanzar sobre esta ordenanza". "Esta ordenanza debería regular un modelo de ciudad distinto y mucho nos tememos que cuando llegue el momento de aprobarla va a ser en el mes de octubre, que es cuando se debaten las ordenanzas fiscales", sospecha Fernández.
El concejal de IU-Podemos insiste en la necesidad de convocar una Comisión para analizar el resultado de las inversiones de los fondos europeos en la ciudad y determinar si lo que se ha ejecutado es útil o se malgasta dinero sin un objetivo de eficiencia. "No se trata de evaluar lo que se ha gastado sin más, sino de analizar si en lo que se ha gastado es útil y si los 4 millones de este proyecto de movilidad eficiente y eficaz de la ciudad de Toledo, SIMUSET, han sido eficaces y útiles", agrega.