Familias monoparentales de Toledo se han concentrado este fin de semana a las puertas del Palacio de Fuensalida en Toledo, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para denunciar la "invisibilidad administrativa" y la falta de protección jurídica que afirman que sufre este modelo de familia.
La Asociación Madres Solteras por Elección señalan que, a pesar de que en Castilla-La Mancha existen cerca de 96.000 hogares monoparentales, la región "sigue careciendo de un marco normativo propio que reconozca y proteja su realidad".
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Por ello, el colectivo se ha concentrado este sábado para exigir dos reivindicaciones "históricas e irrenunciables" como es la creación de un carné de familia monoparental y una ley de familias monoparentales en Castilla-La Mancha.
Respecto a la primera petición, señalan que, a diferencia de las familias numerosas, las familias monoparentales en la región no disponen de un título oficial que las acredite. Esto las obliga a "un farragoso proceso burocrático de aportación de certificados de empadronamiento y registros civiles para cada trámite, dificultando el acceso a beneficios y servicios".
Y sobre la normativa autonómica que reclaman, apunta a la necesidad de una ley que reconozca este modelo de familia como sujeto de derecho, garantizando una protección equiparable a la de las familias numerosas en ámbitos como la educación, el transporte, el acceso a la vivienda y la fiscalidad.
En este sentido, señalan que recientemente se ha aprobado el Decreto en Andalucía. Con ella son ya 12 las comunidades autónomas que tienen regulada la monoparentalidad. Solo Asturias, Extremadura, Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha carecen de este tipo de legislación.
Un modelo de familia "en riesgo"
Los datos, expone el colectivo, son "alarmantes": "Más del 50% de estos hogares en la región se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La falta de un reconocimiento oficial impide que muchas de estas familias -encabezadas en un 80% por mujeres- puedan conciliar su vida laboral y personal de manera efectiva, perpetuando una desigualdad estructural", advierten.
"No somos familias de segunda. Exigimos que la administración regional pase de las palabras a los hechos y nos dote de las herramientas de protección que ya existen en otras comunidades autónomas", declara el colectivo convocante.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
