Familiares del bloque de viviendas ubicado en la calle Río Yedra, número 8, en el toledano barrio del Polígono, se han concentrado este jueves ante la Delegación de Fomento para pedir que se cumplan las propuestas surgidas en la reunión para iniciar el proceso de solución de los problemas que arrastra desde hace años esta promoción de viviendas públicas.
Las afectadas han mostrado su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para Yedra 8, asegurando que así lo han demostrado durante "ocho años de lucha y reivindicación" de su derecho "a una vivienda digna y a vivir en paz".
El 11 de septiembre de 2023, afirman, se abrió "una gran oportunidad" para lograr una solución definitiva a los problemas de Yedra 8 en la reunión entre el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, y una delegación de vecinas de Yedra 8 con el apoyo de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo.
En esta reunión, recuerdan se acordó que la Delegación Provincial de Fomento elaboraría una propuesta para tratar de solucionar definitivamente la problemática de Yedra 8 y la creación de una comisión paritaria entre Gicaman y las vecinas de Yedra 8 con el objetivo de elaborar una propuesta consensuada donde las vecinas sean parte de la solución.
También se acordó que un representante de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo se incorpore a la mesa institucional que contribuya a la solución de la problemática de la vivienda social en Toledo.
Las vecinas afirman que llevan más de ocho años movilizándose para encontrar una solución definitiva a la situación en la que viven, "con alquileres a los que mayoritariamente no pueden hacer frente, con una promoción "en continuo deterioro" y sin darle una solución definitiva, una comunidad "mal gestionada y sin tener en cuenta a las vecinas, que son las que sufren este deterioro", así como sin políticas sociales que acompañen la adjudicación de viviendas y fomenten la convivencia "y más de 96 viviendas sin adjudicar pero en las que viven personas", entre otras carencias.
Plan de pagos personalizado
Por su parte, desde la Junta han asegurado que el Gobierno regional ha interpuesto 45 procedimientos judiciales que actualmente están abiertos, de los cuales 21 son por la vía penal. Los lanzamientos suspendidos de momento son 13.
Por otra parte, la deuda de la promoción es de 2.886.394 euros, donde hay una renta de alquiler media de 297 euros al mes. De las 148 viviendas, ocho están al corriente de pago y hay 97 contratos que tienen de media 30.000 euros de deuda.
"Por primera vez hemos parado la hemorragia de impagos y hemos ingresado parte de la deuda que hay en el parque público de vivienda, prueba de ello es que en 2022 el Tribunal de cuentas alabó nuestro plan social de ingresos patrimoniales", destacan desde el Gobierno regional.
Además, aseguran que Gicaman propuso a los vecinos que fueran ellos mismos los que propusieran un plan de pagos personalizado, "a la carta", lamentando que "la gran mayoría" no contestó a ese requerimiento.
En relación con las negociaciones que se llevaron a cabo entre Gicaman y los representantes de los vecinos de la promoción, desde la Junta apuntan que con la propuesta de Gicaman el plazo de amortización de la deuda por parte de alguno de los vecinos ascendería a 327 años, lo que "supondría una renuncia encubierta de recuperar la deuda por parte de Gicaman".
Como alternativa, señalan, Gicaman inició entrevistas individuales con los inquilinos trasladando la propuesta tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de Gicaman, ofreciéndoles una rebaja del 50% aplicable al recibo mensual siempre que accedieran a liquidar paulatinamente la deuda que tienen acumulada desde hace años --"algunos desde el mismo momento de adjudicación de la vivienda", señalan--.
"Sin embargo, esta propuesta fue aceptada por un número muy limitado de arrendatarios. Los que sí aceptaron fueron los inquilinos que no tenían deuda de alquiler o con deuda muy baja, ya que de esta manera se acogerían a la rebaja del 50% de dicho recibo".
Desde la Junta critican además que la última propuesta económica aportada por los vecinos consiste en reducir el recibo de alquiler "sin ningún compromiso de amortización de las deudas pendientes", algo que Gicaman no tendría facultad para aceptar "porque implicaría renunciar o perdonar deudas que conforman el caudal de una empresa cien por cien pública".
Finalmente, desde el Gobierno regional recalcan que han invertido desde 2015 un total de 763.494 euros en la mejora de estos pisos con un total de 450 intervenciones en zonas comunes y 384 mejoras en viviendas. Según explican, las zonas comunes se arreglan con la contribución económica de Gicaman y ninguna de los inquilinos.