Los ex ediles del Ayuntamiento de Toledo María José Rivas, Fernando Fernández Gaitán, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano -que formaban parte del equipo de Gobierno que dirigía el 'popular' José Manuel Molina- han "echado la culpa y derivado responsabilidades" al secretario del Consistorio capitalino, según ha señalado la letrada de las acusaciones populares de IU, Ecologistas en Acción y Asociación Libre de Abogados, Ana Méndez.
Los cuatro ex ediles han declarado este miércoles, en calidad de investigados, en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que, según el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, se realizó como contrapartida a una donación para la campaña electoral autonómica de María Dolores de Cospedal.
En declaraciones a los medios, Méndez ha criticado que la línea de las defensas ahora sea "apelar a la ignorancia de lo que estaban firmando sobre la base de que había una huelga de basuras que incidía de manera grave en la celebración del Corpus Christi". A su juicio, "no han asumido la responsabilidad política y la justifican en un huelga que no tiene justificación" porque el testigo que declaró el pasado miércoles ya dijo que no se llegó "a materializar" dicha protesta.
A preguntas de los medios, Ana Méndez ha manifestado que declarar lo contrario a lo que dijo la Audiencia Nacional sobre la existencia de indicios del caso Bárcenas en Toledo, "no va sino en la misma línea que lleva el PP en sus procedimientos de corrupción y es una muestra más de cómo funcionan". Sobre la posibilidad de archivar la causa, ha señalado que es algo que "sorprende", así como el hecho de que la Fiscalía "no haya estado", pero desde la acusación popular entienden que "es un punto más que valorar y sobre el que trabajar".
Méndez ha concluido señalando que solicitará algunas diligencias más porque, aunque no saben si el Juzgado de Instrucción continuará con ello, confían, ha dicho, "en que de cerrarse sea para transformar el procedimiento a juicio oral".
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