El Tribunal de Cuentas recomienda a Toledo incluir cláusulas medioambientales en contrataciones

Parque de la Vega en Toledo / Pueblos de España

El Tribunal de Cuentas se ha estrenado en materia de fiscalización de actuaciones medioambientales de grandes ciudades. Esta nueva tarea del órgano judicial se incluyó en 2017 para realizar el primer informe conforme al ejercicio de los ayuntamientos en 2018. Ya se ha publicado el informe correspondiente, que incluye a aquellos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio.

En el caso de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina hay para dar y tomar. Suspenden en algunas áreas y aprueban en otras, aunque este documento incluye una serie de recomendaciones en base a las principales carencias observadas. En la mayoría de los casos, no son acciones obligatorias pero sí aconsejables y recomendadas en diferentes normativas.

El informe realiza un repaso por una serie de bloques conforme a las competencias de los ayuntamientos en diferentes áreas, especificando las deficiencias que considera más relevantes en cada caso. Después, figuran una serie de anexos donde estos datos, ya resumidos, sirven para sintetizar el contenido y las recomendaciones de este órgano judicial.

1. El cumplimiento de la Agenda 21 Local

Así, el primer análisis lo centra en los niveles de cumplimiento de la Agenda 21 Local –el documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales- conforme a una serie de variables que, como se ve posteriormente, unos ayuntamientos cumplen y otros no.

Por ejemplo, destaca que corporaciones municipales como la de Ciudad Real están adheridas a los compromisos de este documento pero aún no han elaborado un diagnóstico inicial. Y en el caso de Cuenca, aunque también está adherida, la ciudad no tiene plan de acción ni proyecto de participación social para su desarrollo. Precisamente, ese plan de acción también es una asignatura pendiente en el caso de Talavera de la Reina. En cuanto a Guadalajara, el informe apunta que le falta por redactar la declaración de impacto ambiental de esa Agenda 21. Por su parte, ni el Ayuntamiento de Albacete ni el de Toledo presentan carencias de ningún tipo en este apartado.

Parque Gasset de Ciudad Real / Ayuntamiento de Ciudad Real

Precisamente, en sus recomendaciones finales, el tribunal establece que las  entidades que mostraron su compromiso medioambiental adhiriéndose a la Agenda 21 Local deberían “culminar el proceso derivado de tal adhesión”. Propone la realización de un diagnóstico de la situación medioambiental  de su territorio así como la definición de planes específicos de acción ambiental.

2. La huella ecológica y la inspección

El informe incorpora peticiones a los ayuntamientos más centradas en la gestión para minimizar el impacto ambiental y la huella ecológica derivados de su propia actividad y de los servicios que presta.

Al mismo tiempo, propone actuaciones específicas para concienciar a la ciudadanía con objeto de difundir hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico. A todo ello añade la potenciación de las actuaciones de inspección y control, y la agilización en la resolución de los procedimientos.

3. Carencias en actuaciones

Dentro de las competencias de las que disponen estas mismas administraciones locales se encuentra la de la organización de determinadas actuaciones. El Tribunal de Cuentas también aprecia aquí algunas labores sin realizar. En el caso de Ciudad Real, de Cuenca, de Guadalajara, Talavera de la Reina y de Toledo apunta a la inexistencia de cláusulas medioambientales en los pliegos de sus contrataciones. En el informe se recuerda que esta medida es una recomendación realizada dentro de la nueva Ley de Contratación de Servicios Públicos, no vinculante, pero sí aconsejable. Según el tribunal, solo el Ayuntamiento de Albacete incorpora este tipo de cláusulas.

En este apartado, otras cuestiones destacadas son, en el caso de Cuenca y de Toledo, la no acreditación de medidas de protección del medio ambiente en el desarrollo de la propia actividad del Ayuntamiento. Y señala también al Ayuntamiento de Talavera de la Reina por no desarrollar ninguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental.

4. Falta de ordenanzas

Seguidamente, el Tribunal de Cuentas constata en su informe la falta de ordenanzas en determinadas materias que tienen un vínculo directo con la gestión medioambiental. El Ayuntamiento de Ciudad Real vuelve a ser el que mayores sombras presenta en este sentido, en los casos del establecimiento de la Administración Electrónica, los residuos de construcción y demolición, las zonas verdes, la radicomunicaciones, la protección de la fauna y la flora, y los huertos ecológicos.

Tampoco la gestión municipal en Cuenca sale bien parada, ya que comparte las misma falta de ordenanzas que la anterior menos en el caso de las zonas verdes, arbolado y jardines. Por otro lado, mientras que en el caso de Albacete la única carencia detectada es la ordenanza sobre huertos ecológicos, en Guadalajara el órgano judicial también aprueba al Ayuntamiento en las ordenanzas de la protección de sus espacios naturales y en las de puesta en funcionamiento de la Administración Electrónica.

Parque Abelardo Sánchez de Albacete / Ayuntamiento de Albacete

Por otro lado, el informe apunta las carencias del Ayuntamiento de Toledo en las ordenanzas de protección de sus espacios naturales o de regulación e huertos ecológicos, pero constata su buena planificación en cuanto a residuos de construcción y demolición, zonas verdes y en proyectos de radiocomunicación, al igual que en el caso de Talavera de la Reina.

5. Sistemas globales de gestión medioambiental

El Tribunal de Cuentas establece, con carácter general, la necesidad de que las entidades locales se doten de sistemas globales de gestión medioambiental que les permitan identificar, entre otras cosas, los requisitos legales, las metas y los programas para una política ‘verde’ eficaz y adecuada a sus circunstancias.

En esta recomendación incluye un último consejo: crear unidades o departamentos específicos en materia medioambiental integrados por personal técnico especializado que permita una mayor atención a los objetivos de mejora del medio ambiente.