El trasvase Tajo-Segura, "una infraestructura grande y compleja con costes" que sus "usuarios pagan cada vez menos"

Trasvase Tajo-Segura / Europa Press

Las tarifas del trasvase Tajo-Segura no están siendo actualizadas al mismo ritmo que la cesta de la compra, ni al mismo ritmo que lo ha hecho el agua para el resto de los españoles, ni siquiera al mismo ritmo que lo ha hecho la electricidad. Es la razón por la que, “en términos reales, los usuarios del agua del trasvase Tajo-Segura cada vez pagan menos por el agua del Tajo. La diferencia la pagamos todos los españoles”.

Es una de las conclusiones de los investigadores Enrique San Martín González, codirector del Grupo de Investigación Economía Política Internacional y Española (UNED) y Beatriz Larraz Iribas, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

En el artículo ‘¿Es cara el agua del trasvase? Recuperación de costes, subvenciones y tarifas’ se han propuesto, entre otras cosas, calcular el importe global de las numerosas subvenciones que ha recibido el trasvase y sus usuarios.

También quieren determinar si es cierta o no esa percepción generalizada en la cuenca receptora -el agua se distribuye entre las provincias de Alicante, Murcia y Almería, y también se deriva hacia las Tablas de Daimiel-, de que “la tarifa que pagan es muy elevada”.

Por eso analizan el marco teórico de costes, precios y valores de agua, así como el marco legal de la recuperación de costes de la infraestructura hidráulica. También se abordan las diferentes subvenciones de las que se ha beneficiado el trasvase Tajo-Segura y se compara la evolución de la tarifa del trasvase durante los últimos 40 años con otros indicadores de precios de la economía española .

Enrique San Martín y Beatriz Larraz son investigadores de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss y del Grupo de Investigación del Tajo de la UCLM. La razón de la publicación de este artículo la sitúan en “la necesidad de transparencia en la recuperación de los costes de los servicios del agua”.

Han dejado a un lado la cuestión hidrológica para abordar el aspecto económico porque creen que es la variable “sobre la que pivota el debate de fondo, especialmente en la cuenca receptora”.

Apuestan por el análisis económico y, en particular por el principio de recuperación de costes, como una de las principales innovaciones de la Directiva Marco de Agua (DMA). Subrayan que la normativa española en materia de recuperación de costes del agua “es claramente insuficiente y no ha mejorado, a pesar de la aprobación de la DMA en el año 2000, tras dos ciclos de planificación hidrológica cumplidos”.

Las tarifas asociadas al trasvase disminuyeron un 32% con el precio real del agua

En este aspecto, de entrada, lo primero que advierten los investigadores es que una cosa son las tarifas publicadas en el BOE (precios nominales) y otra el precio real (o constante) del agua, teniendo en cuenta aspectos como la inflación.

Y lo cierto es que las quejas de los usuarios podrían estar justificadas si se atiende a los precios nominales publicados, pero no si la referencia es el precio real del agua. “Las tarifas publicadas, efectivamente, han incrementado su cuantía en un 239% mientras que realmente han disminuido un 32%”.

Dicen haber hecho “un sencillo ejercicio de deflactación” y se han preguntado a cuánto equivalen hoy los cuatro céntimos que costaba el metro cúbico de agua de riego en 1981, cuando comenzaron a ejecutarse los primeros trasvases Tajo-Segura.

Hay que contar toda la historia. Fue un 31 de julio de 1981 cuando el Consejo de Ministros aprobó por primera vez las tarifas del acueducto Tajo-Segura bajo el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Se contemplaban cuatro tipos de tarifas diferentes, incluyendo los riegos y abastecimientos con aguas trasvasadas de la cuenca del Tajo y las relativas a las aguas propias de la cuenca del Segura que utilizaran la infraestructura del trasvase. Y distinguiendo conceptos como el coste de las obras, los gastos fijos de funcionamiento y los variables.

En 1997 a estas tarifas se sumaron otras que fueron parcialmente anuladas en varias sentencias judiciales y reformuladas para entrar en vigor en 2002. En concreto, se establecieron tarifas para el aprovechamiento de las aguas que se derivasen a la cuenca alta del Guadiana para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y para abastecimientos.

Tablas de Daimiel FOTO: Turismo Castilla-La Mancha

También se puso precio a las aguas propias de la cuenca del Júcar que utilicen exclusivamente la infraestructura del acueducto Tajo-Segura para riegos y abastecimientos y para las aguas propias de la cuenca del Júcar que, con destino a abastecimientos, utilicen tanto la infraestructura del acueducto como del postrasvase con destino a la Marina Baja de Alicante.

Finalmente, se aprobaron tarifas para las aguas concedidas para riegos en la zona de Los Llanos de Albacete, en compensación por las filtraciones al túnel de Talave. Esta tarifa se creó para aguas destinadas a riegos en la zona de Hellín y desapareció en 2021.

Las tarifas se han revisado en 17 ocasiones hasta la actualidad. Deben actualizarse cada dos años, por lo que en 40 años de servicio debería haber 20 tarifas en vez de las 18. “No parece un incumplimiento muy elevado pero el problema reside en que el atraso no es sistemático sino muy irregular”, señalan los expertos.

Y van todavía más allá al analizar el índice correspondiente a la subclase del IPC denominada ‘Suministro de agua’, que mide la variación de precios de dicho concepto.

En este punto subrayan que, si se aplicase a las tarifas de riego el mismo incremento que el que ha experimentado la distribución de agua desde el mes de agosto de 1981 hasta el de marzo de 2022, que ha sido del 726,66%, “tendríamos que los 4,03 céntimos de euro deberían haber sido actualizados hasta los 33,33 céntimos de euro”. Eso no ha ocurrido.

Y la tarifa tendría que ser todavía mayor si se añadiese el incremento del precio de la electricidad. Hay que recordar que el sistema eléctrico ha de utilizarse para elevar el agua desde el embalse de Bolarque al de la Bujeda, en Guadalajara, para que desde allí pueda caer por gravedad hasta el Levante español.

Presentación del logo de la Cátedra del Tajo / Fotografía: Fundación Soliss

En cuanto a las tarifas de conducción de agua destinadas a abastecimiento, el precio inicial de 6,01 céntimos de euro se habría transformado en 49,68 céntimos de euros por metro cúbico de agua o en 59,25 si se aplicara la subida de los precios de la electricidad. Tampoco ha ocurrido.

1,2 millones en subvenciones, y la mitad para transformar a regadíos

El informe elaborado por los investigadores de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss y la UNED refleja que el valor de las subvenciones recibidas hasta 2021 -con los valores actualizados a esa fecha- asciende a 1.236.230.346 euros.

“Más de la mitad de la subvención actualizada corresponde a las subvenciones a la transformación en regadío, un tercio a la de la del coste de las obras y un 10% al resto de subvenciones menores. 1.200 millones de euros equivalen a 200.000 millones de las antiguas pesetas”, detallan.

Una desorbitada cifra, apuntan. “Es casi un 40% superior al presupuesto conjunto de los diez organismos autónomos estatales que gestionan el agua en nuestro país”, en alusión a las confederaciones hidrográficas. En 2021 esa suma fue de poco más de 892 millones de euros.

“La subvención equivale a 7 veces o años el presupuesto de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 10 veces el de la Confederación Hidrográfica del Segura y 18 veces o años del de la del Tajo”, inciden.

También se analiza en términos relativos, es decir, cuanto supone la subvención por metro cúbico enviado desde el Tajo. Hasta 2020 se habían trasvasado casi 13.400 hm3, por lo que la subvención por m3 alcanza los 9,2 céntimos de euro, un 68% y un 45% del coste de la última tarifa de riego y abastecimiento con aguas trasvasadas, respectivamente.

El trasvase intercuencas “más grande y controvertido” que requiere “transparencia”

El canal del trasvase desde el Tajo hasta el Segura (TTS) parte de la cabecera del Tajo, entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, hasta llegar a la cuenca del río Segura, a unos 300 kilómetros.

El trasvase se proyectó para derivar hasta 1.000 hm3 al año, aunque en una primera fase solo se autorizó un trasvase máximo anual de 600 hm3. Sin embargo, desde que comenzaron las operaciones regulares allá por 1982 hasta el año hidrológico 2020/2021 el trasvase medio anual no ha superado una media de 330 hm3.

Hoy, recuerdan los investigadores es “el trasvase de agua intercuencas más grande y más controvertido de España” y subrayan que “hoy en día, prácticamente a nadie se le ocurriría usar el agua dulce como ejemplo de bien abundante” porque es un bien “cada vez más escaso” y también “un derecho humano, un activo eco-social y forma parte de nuestro patrimonio”. Por eso ponen el foco en la importancia de su gestión.

“La Directiva Marco del Agua aboga por la recuperación de los costes de los servicios del agua, incluyendo los ambientales y los del recurso”, dicen San Martín y Larraz y señalan “la dificultad” de cumplirlo porque “el precio del agua casi nunca es igual a su valor y rara vez cubre sus costes”.

En su opinión el caso español con el agua es “paradigmático”, porque aunque la normativa del trasvase Tajo-Segura se adelantó en casi 20 años a Europa al aprobar el principio de recuperación de costes, “las numerosas subvenciones asociadas a la infraestructura hidráulica han impedido cumplirlo”.

Los investigadores proponen “una mayor transparencia en la gestión económica” como medida necesaria para lograrlo. Y eso, dicen, incluye identificar y justificar las subvenciones. “Unas serán más razonables que otras y serán discutibles”, dicen los académicos, que añaden que lo “indudable” es que las subvenciones forman parte del coste de los servicios del agua, que ninguna está adecuadamente identificada y justificada y que los usuarios del trasvase Tajo-Segura no recuperan los costes de la infraestructura.

“Conocer el coste de estas subvenciones, que pagamos entre todos los contribuyentes del país, es fundamental para poder tomar decisiones informadas, más aún ante la enorme maquinaria publicitaria de la que disponen los usuarios de las aguas trasvasadas”, aseguran Larraz y San Martín.

Han evaluado el precio del agua trasvasada que establecen las tarifas y frente a las quejas por el elevado precio recuerdan que “el trasvase es una infraestructura grande y compleja con costes de construcción más elevados que, de acuerdo con la DMA, hay que repercutir a los usuarios”.

La conclusión es clara: “Si el coste de la infraestructura es alto, las subvenciones numerosas y cuantiosas, si la DMA exige recuperar los costes, eliminando dichas subvenciones, y las tarifas decrecen en términos reales, no se puede afirmar, de ninguna manera, que las aguas trasvasadas al Levante sean caras”.

A esto se suma la afirmación de que “el trasvase Tajo-Segura permite obtener en el Levante una serie de rentas extraordinarias” pero “sin pagar el coste total del suministro” y que, en definitiva “los usuarios de las aguas trasvasadas al Levante participan de un juego de suma cero con los contribuyentes españoles donde todo lo que se alejen de la recuperación de costes mediante subvenciones supone un incremento de renta para ellos a costa de los contribuyentes”.