El Transporte de Viajeros por Carretera protesta en Toledo por “el retraso en los pagos” de las rutas escolares

Manifestación del transporte escolar en Toledo / Foto: Captura de pantalla de un vídeo realizado por Fedeto

La Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo se ha manifestado este martes en Toledo para visibilizar la crisis que sufren las empresas del  sector, “incrementada por el retraso en los pagos por la prestación de los servicios de transporte escolar por parte la Consejería de Educación”.

La manifestación, en la que han participado alrededor de un centenar de autobuses de todos los puntos de la geografía provincial, ha arrancado el recorrido en la Consejería de Educación, en el Polígono de Toledo, y se han desplazado desde allí hasta la avenida de Europa, donde se sitúa la Delegación Provincial de Educación.

Frente a las puertas de ambas instituciones los autobuses han hecho sonar el claxon durante unos minutos en señal de protesta por el retraso en los pagos que denuncian y que según han traslado el presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo, Carmelo Casla y Rosario Soto, respectivamente, ascendería a 1,7 millones de euros.

el presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo, Carmelo Casla y Rosario Soto / Foto: Fedeto

Esta cantidad, han señalado, se les adeuda a 70 empresas del sector que cuentan con 1.300 empleados y que llevan 350 rutas escolares en la provincia.

Vídeos de las protestas

La Junta afirma que el problema ya está solucionado y cree que las protestas “no están justificadas”

Por su parte, la Consejería de Educación ha señalado en un comunicado que, a su juicio, estas protestas “no están justificadas porque desde la administración educativa se están cumpliendo los compromisos adquiridos con el sector”.

Sobre los pagos ordinarios, indican que se están haciendo a 30 días en todas las provincias de la región exceptuando en Toledo, donde debido a unos problemas con la tramitación de las prórrogas de los contratos, que ha requerido su elevación a Consejo de Gobierno, se ha retrasado el inicio de los pagos.

“Solucionado ese problema, ya se han abonado a las empresas que prestan servicio en la provincia de Toledo un montante de 714.000 euros del mes de septiembre, y otros 400.000 euros ya del mes de octubre se abonarán durante el día de hoy. El resto de ese mismo mes está ya en Intervención para ser abonado en los próximos días”, han precisado.

En cuanto a las críticas vertidas sobre las medidas sanitarias a cumplir en los autobuses, han manifestado que “no se les han impuesto obligaciones adicionales que requieran compensación económica”. “Limpiar los vehículos una vez al día es algo a lo que ya están obligados según sus contratos y la única exigencia adicional que se les ha hecho es que esa limpieza se produzca con un producto viricida como puede ser la lejía, tal como lo han indicado las autoridades sanitarias”, agrega la Junta.

En todo caso, los responsables de la administración educativa, que se han reunido “en numerosas ocasiones con representantes del sector”, afirman que están “abiertos al diálogo y el acuerdo, siempre respetando los márgenes legales”.

Indemnizaciones por el estado de alarma

Por otra parte, han señalado que, tras la declaración del estado de alarma, desde la Consejería, en cumplimiento del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, se acordó indemnizar a todas las empresas del transporte escolar con el 50 por ciento del coste del servicio de las rutas que se habían tenido que suspender, lo que suponía el desembolso aproximado de 3.500.000 euros.

“Hemos sido la única comunidad autónoma que procedió a adelantar por anticipado la mitad de esa indemnización (1.750.000 aproximadamente). El pago de la otra mitad restante está supeditado a que acrediten la realidad de los gastos ocasionados por la suspensión del servicio, tal como exige la Ley. Y a pesar de las diferentes prórrogas que se han concedido a estas empresas, hasta el momento no se ha producido en ningún momento esta justificación”, han indicado desde la Consejería.

En este sentido, “ante la pretensión de las concesionarias del transporte escolar de sustituir esta justificación de estos gastos por una declaración responsable, desde la Consejería de Educación queremos dejar claro que este hecho no es aceptable legalmente y prueba de ello es que ninguna comunidad autónoma ha accedido a proceder de este modo”.

Desde la Consejería insisten también en que se han adoptado otras medidas para ayudar a este sector como permitirles el fraccionamiento de la garantía definitiva que tienen que depositar para ejecutar los contratos, o prorrogar de oficio todas las rutas, aun cuando ya no tuviesen esa posibilidad.