Las nuevas medidas en el transporte urbano de Toledo son el centro de atención de los últimos meses. La autorización a Unauto, la concesionaria del transporte público en la ciudad, de la compra de 18 nuevos autobuses urbanos por más de 6 millones ha desatado una nueva polémica.
“No deberíamos prorrogar contratos de gestión de servicios públicos que hayan incumplido las condiciones con las que fueron concedidos porque estaríamos haciendo dejación de funciones y lanzando un mensaje de permisividad a las empresas concesionarias”, ha advertido el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema fernández.
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El edil matiza que como parte de las condiciones del contrato con Unauto, debería "exigir" el resto de cláusulas de "obligado" cumplimiento como la instalación de los 52 sistemas de megafonía interior y exterior en los autobuses, que "debían estar en los 3 meses" siguientes a la firma del contrato. Al igual que los 20 paneles de información en paradas con sistema de voz, que "tenían que instalarse en 6 meses".
“En ese contrato se establecieron una serie de cláusulas de obligado cumplimiento por ambas partes que debían ser permanente motivo de revisión para adecuarlas a lo estipulado en dicho documento. Sin embargo, parece que esa revisión no se ha producido o, al menos, con las garantías de que se cumplían todas las condiciones que se estipulaban para empresa y Ayuntamiento”, subraya Fernández.
Una postura que también ha sostenido la concejala socialista, Laura Villacañas. “Esos 18 autobuses tenían que haber estado funcionando hace muchos meses, en vez de seguir prestando el servicio con autobuses obsoletos que no garantizan la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, no es ningún logro, es una obligación incumplida a punto de finalizar el actual contrato”.
La nueva tarjeta de transporte
La edil socialista ha denunciado que la renovación de las tarjetas del autobús urbano se está "demorando" desde la solicitud a la entrega más de dos meses. “Los vecinos y vecinas no tienen culpa del desastre y desgobierno PP-VOX, si las nuevas tarjetas no llegan a tiempo, el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que nadie pague más por su nefasta gestión”.
Villacañas ha reclamado además una respuesta inmediata para las personas con movilidad reducida, señalando que “¿se está contestando a los correos electrónicos cuando se solicita la tarjeta?; ¿se comunica cuando está realmente disponible la tarjeta para ser recogida o se tienen que hacer varios intentos hasta poder conseguirla?, ¿a esto es a lo que se refiere el alcalde cuando habla de modernización del transporte público?”.
El pasado mes de enero, tal y como adelantó Toledodiario.es, se instalaba en el interior de los autobuses urbanos una cartelería que avisaba de una nueva medida que entraría en vigor el 1 de marzo: el cambio de tarifa para aquellos que no estén empadronados en la ciudad.
Desde entonces, este nuevo carnet ha traído numerosas crispaciones, especialmente entre los usuarios. Después de que el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, confirmara este hecho pedía a los viajeros habituales que tenían que acreditar su empadronamiento aportando el DNI u otro documento acreditativo y una fotografía tamaño carnet.
El Grupo Socialista ya se opuso en su momento. "Imponer un trámite burocrático y presencial complica el acceso al servicio, genera molestias innecesarias y plantea dudas sobre la protección de los datos personales de los usuarios".
La última medida que se ha habilitado al respecto ha sido un formulario para que empadronados en Toledo soliciten sus nuevas tarjetas y mantener descuentos. Debido a las colas formadas en la estación de autobuses -único lugar donde se podía presentar la documentación requerida- el Ayuntamiento impuso esta nueva medida aunque sin fecha de fin para llevar a cabo este trámite.
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