El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha pedido explicaciones al alcalde sobre la gestión del campamento urbano municipal que se celebra cada verano en en el colegio público Alberto Sánchez de la ciudad.
El verano pasado, varias familias denunciaban el estado de la comida, varios golpes de calor e incluso, niños o niñas expulsadas del campamento porque no había personal para atender sus necesidades especiales, como TDAH.
"Fue un auténtico desastre". Así de tajante se ha mostrado el concejal socialista en el Ayuntamiento de Toledo, José Carlos Vega, este lunes en rueda de prensa y en la que ha acusado al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, de "despreocuparse" de las familias.
Desde hace unos días, el Ayuntamiento hacía pública la nueva convocatoria sin saber aún si "se ha sancionado a la empresa correspondiente" que llevó a cabo el servicio el año pasado.

La concejalía reconoció los "problemas"
Tal y como ha declarado el concejal socialista, el edil de Educación y Servicios Educativos del Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo, reconocía en su momento la situación que se estaba viviendo en el campamento.
“Nos disgusta que haya algunos padres que no estén teniendo una experiencia positiva y, en ese sentido, pedirles disculpas”, recalcó el concejal.
La concejalía estaba pendiente de la redacción de un informe plasmando las "negligencias". En relación a este documento, Vega ha recordado que Morcillo aseguró abrir un expediente del que, según ha señalado, “no se ha vuelto a tener información desde el pasado 22 de septiembre”.
Dudas sobre el nuevo pliego
En este sentido, Vega ha advertido de que el pliego de la nueva licitación “no deja claros aspectos esenciales”, como el número de plazas reservadas para colectivos prioritarios.
"¿Se ha resuelto ya el expediente administrativo? ¿Se volverá a presentar la empresa? ¿Podrán estar tranquilas las familias? ¿Qué ratio tendrá cada monitor?", se ha preguntado Vega.
El concejal socialista también ha señalado que "no se especifica qué porcentaje se destinará a personas en intervención social, menores con discapacidad o víctimas de violencia de género. Lo que genera dudas sobre cómo se va a adjudicar el servicio”.













