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Lo hemos normalizado. Esa es la verdad más incómoda de todas. No solo que un hombre o una mujer muera en una obra, al volante de un camión, colgado de una línea de vida que no resistió o atrapado por una máquina. También que una mujer o un hombre salga de casa para limpiar habitaciones, cuidar mayores, atender una residencia, levantar una persiana, encadenar turnos o sostener un servicio esencial y que el riesgo que la rodea siga pareciendo menor, menos visible, menos digno de escándalo. Hemos normalizado la muerte en el trabajo. Y también hemos normalizado la desigualdad con la que miramos el trabajo de unos y de otras.
Ya casi no interrumpe nada. Un fallecido en accidente laboral entra en el circuito del día como un breve administrativo. Un teletipo. Una nota pequeña. Una cifra más. Apenas dura unas horas en la conversación pública. No abre debates de fondo. No obliga a una revisión moral del modelo productivo. No altera de verdad el pulso del país. Y, sin embargo, ahí queda una familia quebrada. Ahí quedan padres y madres. Hijos e hijas. Ahí quedan compañeros que al día siguiente vuelven a fichar con una ausencia clavada en mitad del turno. Ahí queda una sociedad rota, aunque prefiera seguir hablando de cualquier otra cosa.
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Los datos son demasiado graves como para seguir escondiéndolos detrás del lenguaje burocrático. En España murieron 104 personas en accidentes laborales entre enero y febrero de 2026. De ellas, 91 fallecieron durante la jornada laboral y 13 in itinere, en el trayecto al trabajo o de vuelta a casa. En los accidentes mortales en jornada, 86 de las víctimas fueron hombres y 5 mujeres. No es solo una estadística. Es el retrato de una estructura productiva donde los sectores más letales siguen muy masculinizados y donde muchos riesgos que golpean a las mujeres continúan infravalorados o directamente invisibilizados.
Si se amplía el foco al último periodo oficial de doce meses disponible, de marzo de 2025 a febrero de 2026, la fotografía autonómica es igual de elocuente. Andalucía encabeza el número de accidentes mortales en jornada con 108. Le siguen Cataluña, con 89, y la Comunidad Valenciana, con 61. Después aparecen la Comunidad de Madrid, con 56, y Castilla-La Mancha, con 48. En índice de incidencia total, además, Castilla-La Mancha figura con 3.207, solo por detrás de Baleares y Navarra entre las comunidades autónomas, muy por encima de la media nacional, situada en 2.538. No estamos hablando, por tanto, de una suma de desgracias dispersas. Estamos hablando de un problema de país.
Castilla-La Mancha, de hecho, empeora con especial crudeza en el arranque de este año. Entre enero y febrero han muerto ocho trabajadores, frente a dos en el mismo periodo de 2025, y los accidentes graves han pasado de 24 a 42. El número total de siniestros no crece, incluso baja ligeramente, pero esa supuesta mejora se desploma en cuanto uno mira lo importante: hay más gravedad, más daño y más muerte. Ese es el truco miserable de algunas estadísticas, que maquillan el paisaje mientras los entierros aumentan.
Por eso la conversación no puede seguir planteándose como si esto fuera un simple problema técnico. Aquí se habla de prevención, sí, pero también de poder. De quién pone los ritmos. De quién rebaja controles. De quién convierte la seguridad en gasto superfluo. De quién calla para no incomodar a la empresa. De quién acepta horarios imposibles, trayectos interminables, plantillas recortadas, externalizaciones en cadena y culturas laborales donde denunciar un riesgo puede salir caro. Cada vez que se muere alguien en el tajo no falla solo una escalera, una máquina o un volante. Falla una organización del trabajo. Falla una jerarquía de prioridades. Falla una idea enferma de la productividad.
Y en esa enfermedad también opera la desigualdad de género. Porque hablar de igualdad en el empleo no consiste solo en contar consejeras o en repetir lemas de escaparate. Hablar de igualdad de género en los puestos de trabajo es hablar de quién ocupa los empleos más precarios, quién soporta peor reconocimiento, quién encadena jornadas parciales no deseadas, quién asume dobles presencias entre empleo y cuidados, quién carga con más riesgos psicosociales, ergonómicos o de fatiga emocional y quién queda fuera de la iconografía clásica del accidente laboral. El INSST insiste en que integrar la perspectiva de género en la prevención mejora la seguridad y la salud de las mujeres trabajadoras y del conjunto de la población trabajadora, precisamente porque obliga a mirar riesgos y condiciones de trabajo que durante demasiado tiempo recibieron poca atención.
Hay un hombre que se sube a un andamio a primera hora, con frío, con prisa, con la presión de sacar la faena adelante. Y hay una mujer que entra en una residencia, en un hotel, en un comercio o en un servicio de ayuda a domicilio, con el cuerpo ya cansado antes de empezar, sabiendo que ese trabajo no termina al fichar porque luego sigue otra jornada fuera de nómina. Los dos están trabajando. Los dos sostienen el país. Los dos merecen volver a casa. Y, sin embargo, ni el relato público ni muchas políticas preventivas han estado a la altura de esa verdad tan elemental.
Lo obsceno es que hemos aprendido a encajar todo esto sin demasiado ruido. Hay tragedias que paralizan una nación y tragedias que apenas alteran una agenda política. Hay muertes que se consideran de primera y muertes que se deslizan hacia el margen con una rapidez escandalosa. La muerte de la gente trabajadora suele caer en esa zona baja del relato. Como si morir descargando un camión, arreglando una cubierta, sirviendo mesas, limpiando habitaciones, cuidando dependientes, conduciendo de madrugada o encadenando turnos en una fábrica mereciera menos duelo público. También ahí hay clase. También ahí hay jerarquía. También ahí hay una forma indecente de desigualdad.
No basta con lamentar. No basta con la frase ritual sobre “extremar las precauciones”. No basta con el comunicado correcto cuando ya hay una familia destrozada. Hace falta inspección, prevención real, formación seria, cultura de seguridad, perspectiva de género, vigilancia de las subcontratas, mejores condiciones materiales y una política laboral que no trate la salud de quien trabaja como un apéndice decorativo del sistema productivo. Hace falta, en definitiva, devolver la dignidad al hecho más simple de todos: salir a ganarse la vida no puede equivaler a jugarse la vida.
Porque mientras no lo haga, seguiremos llamando accidente a lo que demasiadas veces es abandono, negligencia o cobardía social. Y un país que se acostumbra a enterrar a su gente trabajadora sin alterar nada no solo fracasa en la prevención. Se degrada moralmente. Se vuelve más injusto. Más indecente. Más roto.
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