El Ministerio de Igualdad ha hecho llegar una carta a todas las Comunidades Autónomas recordándoles que deben garantizar el aborto en sus hospitales públicos, incluyendo si es necesario a nuevo personal médico si el existente es objetor de conciencia respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Y es que, la objeción es la principal razón por la que en numerosas regiones, incluida la castellanomanchega, no se realiza ninguna de las técnicas para la interrupción del embarazo. En Castilla-La Mancha solo se puede abortar en dos centros: la clínica Iris (Albacete capital) y la clínica CIRE (Miguelturra, Ciudad Real), ambas concertadas. Una realidad que sigue vigente, a pesar de que el derecho al aborto tiene rango de ley desde hace ya más de diez años.
Por ello el Ministerio vuelve a incidir y pide que se lleven a cabo "urgentemente" todas las medidas relacionadas con la Vigilancia de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada el pasado 16 de febrero.
El principal avance de esta legislación es que el aborto se garantice en la sanidad pública para que todas las mujeres puedan acceder a este derecho sin necesidad de tener que trasladarse a cientos de kilómetros, en el hospital público más cercano a su domicilio. Así lo ha destacado la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, subrayando que la ley "debe ser aplicada y no valen excusas".
Por ello, Igualdad quiere instar a que todas las comunidades a que den los pasos necesarios para "garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación" de nuevos profesionales sanitarios. En este sentido, la Ley plantea la creación de registros de objetores en cada región para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, "respetando siempre el derecho de los médicos a la objeción de conciencia".
La ministra ha recordado que hay gobiernos "de extrema derecha, como Castilla y León o Madrid, que plantean rebelarse contra las leyes que no les gustan, como la de la vivienda o el aborto". "Tampoco vale la inacción de gobiernos como el de Castilla-La Mancha, que dicen que no saben cómo van a poder hacer efectiva la ley... es un derecho fundamental que reconoce todo el país, a excepción de la derecha". "Todas las mujeres pueden exigir a las comunidades autónomas poder abortar en los hospitales públicos más cercanos a su domicilio", ha subrayado.
"Más que por ética, se acude a la objeción porque hacer abortos resta en el currículum"
Tal y como recogía Toledodiario.es en un reportaje junto a elDiario.es de Castilla-La Mancha, en Toledo, Cuenca y Guadalajara las mujeres que quieran interrumpir su embarazo deben ir hasta Ciudad Real o Albacete debido a una objeción de conciencia generalizada entre el personal sanitario.
“Actualmente, más que por ética, se acude a la objeción de conciencia porque hacer abortos no suma, si no que resta en el currículum profesional”, aseguraban a este medio fuentes de ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.
Desde el colectivo recuerdan que los gobiernos autonómicos no pueden utilizar el derecho a la objeción para denegar otro derecho: el del aborto. "Escudarse en eso no exime de la responsabilidad de ofertar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, porque estarían incumpliendo la Ley”.