El Consorcio de Toledo recibe siete solicitudes para rehabilitar edificios en desuso
Los inmuebles suman más de 50 viviendas "actualmente sin habitar" en el Casco Histórico debido a obras inacabadas que podrían finalizarse con estas subvenciones
El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha recibido siete solicitudes para su línea de ayudas en especie destinadas a la rehabilitación de edificios en desuso que suman 50 viviendas. Según la institución, se trata de cifras positivas que reflejan la "gran acogida" de unas subvenciones que fueron lanzadas en el mes de enero con el objetivo de fomentar "la regeneración urbana".
"Son una alternativa desde la administración pública para dar uso a estos edificios actualmente sin habitar", explican, ya que estas ayudas van dirigidas a edificios cuyos propietarios han tenido que paralizar las obras de rehabilitación por problemas económicos o administrativos.
La línea de 'ayudas en especie' cuenta con una partida de 120.000 euros para 2022 que se repartirán entre los proyectos presentados tras cerrarse el plazo de presentación de solicitudes esta semana.
Los criterios e selección están basados "en el valor patrimonial del inmueble, el estado de conservación del mismo, los sectores del Casco más abandonados, el número de viviendas que tenga y el coeficiente de cesión del edificio".
Otras subvenciones
Desde el consistorio recuerdan que sigue abierto el plazo para solicitar otras dos líneas: las ordinarias de rehabilitación de edificios y las subvenciones en especie. Por el momento, ambas suman un centenar de peticiones. "Aún quedan unos días para cerrar la convocatoria, por lo que la previsión es aumentar esta cifra", aseguran desde el Consorcio.
"Se empieza a materializar un apartado fundamental dentro de la estrategia de vivienda para la revitalización del Casco Histórico", subraya el gerente, Jesús Corroto, que considera que se han cumplido las expectativas al implementar esta iniciativa, con la que se espera dar respuesta al mayor número de peticiones presentadas siguiendo siempre los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras.
