El Ayuntamiento de Torrijos de PP y Vox tapiará aquellas viviendas "susceptibles" de ser ocupadas previo pago del propietario

De izquierda a derecha, el concejal de Seguridad Ciudadana (Vox), el alcalde (PP) y el jefe de la Policía Local de Torrijos / Fotografía: Ayuntamiento

Tanto los datos de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha como los de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha reflejan que la ocupación ilegal de viviendas no es un problema de primer orden en la región. “No hay especial incidencia”, recordó hace unos meses el fiscal superior, Emilio Manuel Fernández. Aunque en determinadas poblaciones sí se han producido algunos casos, no se trata de un problema “de alarma social”.

Pese a ello, agitar esa alarma sí que ha sido una constante en los mensajes políticos de PP y Vox antes de las elecciones autonómicas y locales del 28M. Y al tener ahora el gobierno de varios ayuntamientos en la región, ya están anunciando medidas controvertidas y que apelan claramente a la “inseguridad” de la ciudadanía.

Es el caso de la localidad toledana de Torrijos. Allí gobierna el PP con la extrema derecha. Ya ha sido un ayuntamiento polémico por no permitir que la bandera LGTBI ondeara en el Consistorio. Ahora, la siguiente decisión del alcalde, el ‘popular’ Andrés Martín, ha sido anunciar con mucha pompa -en el Palacio Pedro I de la localidad- que va a “blindar” los inmuebles “con riesgo” de “okupación” (aunque el alcalde no se refiere a la 'k', en el comunicado oficial del Ayuntamiento publican la palabra con esa letra).

¿Cómo lo harán? El alcalde ha adelantado que en colaboración con la Policía Local se establecerá una medida preventiva para aquellos edificios “susceptibles” de ser ocupados, mediante el “tabicaje” de puertas y ventajas “con cargo al propietario del inmueble”. Es decir, el dueño de la vivienda puede pedir que el Ayuntamiento le tapie la vivienda pero lo tiene que pagar. Antes, la Policía Local elaborará un informe al respecto.

Evitar la ocupación las viviendas vacías antes de que se produzca y velar por la “seguridad ciudadana” son los objetivos que ha señalado el alcalde. No ha dado más detalles al respecto: ni qué tipo de viviendas, ni si será necesario acreditar el tiempo que llevan vacías, ni cómo evaluará la Policía Local esas circunstancias, ni cuál será el tipo de tapiado, ni si podrá solicitarlo cualquier propietario sin tener en cuenta las características del inmueble.

Lo que sí ha pedido es la colaboración de la ciudadanía de Torrijos “puesto que es un problema que nos ocupa a todos”. “Queremos que nos alertéis, nos aviséis, de aquellos inmuebles que detectéis puedan ser ocupados”, señalaba. El regidor local ha realizado este anuncio acompañado por Marco Antonio González, concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (de Vox) y Luciano García, jefe de Policía Local Torrijos.

La promesa “anti-okupación” del PP

La generación de este tipo de alarma social no es nueva. Uno de los discursos principales del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la campaña electoral se centró en varias ocasiones en anunciar una “Ley anti-okupación” pero sin aportar datos concretos sobre este fenómeno en la región. También Vox ha agitado este fantasma sin parar.

Lo más curioso es que las dos derechas han apelado a esta medida bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘Ley Mordaza’, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace años y que no ha sido finalmente derogada durante la presente legislatura de Pedro Sánchez.

Pero en esta normativa no se hacen apenas menciones a la ocupación ilegal. La única referencia se produce en el artículo 37, que establece que será considerada “infracción leve” la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo. Apunta al final la tipificación es leve siempre que la ocupación no sean constitutiva de “infracción penal”.

La redacción de este artículo responde al delito leve de usurpación del Código Penal en el que se recoge que el que ocupe, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Y la intención de este ayuntamiento toledano de PP y Vox tampoco tiene en cuenta la nueva Ley de Vivienda, que establece un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje para los grandes tenedores (quienes tienen más de diez inmuebles) cuando hay “vulnerables económicos”.

Fotografía: Bárbara D. Alarcón

El objetivo de esta disposición es dar tiempo suficiente a las administraciones para poder encontrar una solución habitacional para las personas vulnerables, sin que se limiten ni eliminen los derechos de los propietarios. De esta forma, se respondería a las peticiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en varias ocasiones ha reprendido a España por vulnerar el derecho a la vivienda.

Se da además la circunstancia de que el Gobierno socialista de Emiliano García-Page, que ha revalidado su mayoría absoluta en la región, también ha hecho bandera con el asunto de la ocupación ilegal. El Congreso de los Diputados está pendiente de registrar la normativa que a este respecto impulsó el PSOE y que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha para frenar esa hipotética oleada de ocupaciones.

El PSOE, también contra la ocupación, pero con medidas que multan a tenedores de viviendas vacías protegidas

No obstante, durante la campaña electoral y después de las elecciones, Page no ha mencionado apenas este tema y además existen medidas en esta comunidad autónoma contra la tenencia de viviendas vacías para hacer convivir ese mensaje con las políticas públicas que combaten la vulnerabilidad social.

Es el caso, por ejemplo, del proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Tributarias y Financieras (la normativa de “acompañamiento” de los Presupuestos regionales de 2023) que las Cortes regionales aprobaron en enero, por la que se modifica la Ley de 2002 que regula la vivienda de protección pública y se establece, a través de una disposición transitoria, un régimen sancionador de carácter administrativo.

Establece un régimen de incumplimientos graves, con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros, para quienes no conserven o mantengan las viviendas protegidas en situación de habitabilidad, para quienes no destinen la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente, y para quienes la mantengan deshabitada sin autorización de la Administración por causa justificada. Es decir, ante la falta de detalles y la polémica medida de PP y Vox en Torrijos, un choque de políticas públicas difícilmente combinables.