La polémica por los proyectos de plantas de biometano en Talavera de la Reina continúa escalando con un nuevo intercambio de reproches entre el Gobierno municipal y el PSOE.
Después de que los socialistas exigieran al Ejecutivo local que aclarase su postura y paralizase la tramitación del proyecto, y de que el alcalde, José Julián Gregorio, respondiera que no permitirá convertir la ciudad "en un vertedero", el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha situado ahora el foco sobre la Junta de Comunidades.
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En una rueda de prensa celebrada este lunes, García-Barroso ha asegurado que el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, elaborado por el Gobierno regional, "contempla" la comarca de Talavera como "una de las zonas" donde podrían implantarse entre cinco y diez plantas de biometano.
El portavoz ha rechazado además las acusaciones del PSOE sobre el papel del alcalde en este expediente y ha afirmado que es "rotundamente falso" que José Julián Gregorio sea el promotor o impulsor de la planta proyectada en el término municipal. A su juicio, las críticas de los socialistas responden a un intento de "ocultar sus propias decisiones políticas y regulatorias".
Respuesta a las críticas del PSOE
Las declaraciones llegan días después de que el Grupo Municipal Socialista reclamara al Gobierno local que hiciera pública su posición sobre el proyecto y paralizara la tramitación administrativa mientras estudiaba posibles modificaciones urbanísticas para impedir este tipo de instalaciones. Los socialistas también recordaron que el alcalde calificó en febrero de 2024 la iniciativa como "una buena noticia" para la ciudad y criticaron el "silencio" mantenido posteriormente por el Ejecutivo local.
En respuesta, Gregorio aseguró que el Ayuntamiento solicitará "todos los informes habidos y por haber" antes de que cualquier proyecto pueda prosperar y defendió que no permitirá que Talavera "sea un vertedero". El alcalde también trasladó la responsabilidad a la Junta de Comunidades al sostener que los informes favorables proceden de la administración autonómica.
Ahora, García-Barroso ha reforzado esa línea argumental al insistir en que la planificación regional ya contempla el desarrollo de este tipo de instalaciones en la comarca.
"Los informes municipales son técnicos"
El portavoz municipal ha defendido además el papel del Ayuntamiento en la tramitación administrativa. Según ha explicado, la autorización de una planta de biometano no depende de la decisión del alcalde, sino de un procedimiento en el que intervienen más de una veintena de organismos.
En ese sentido, ha subrayado que los informes emitidos por el Ayuntamiento son elaborados exclusivamente por los servicios técnicos y ha advertido de que impedir su emisión por motivos políticos supondría, a su juicio, "un disparate legal".
Recuerda "el respaldo" del PSOE al gas renovable
Durante su comparecencia, García-Barroso también ha acusado al PSOE de mantener una posición contradictoria sobre este tipo de proyectos. Para ello ha recordado que en enero de 2020 la entonces alcaldesa, Tita García Élez, participó junto al presidente regional, Emiliano García-Page, en una jornada organizada por Sedigas sobre el futuro del gas renovable, en la que defendió el aprovechamiento de residuos dentro de la economía circular.
Asimismo, ha señalado que el expediente de la planta comenzó a tramitarse en 2023, durante el anterior mandato municipal, y ha afirmado que ni el Ayuntamiento gobernado entonces por el PSOE ni la Junta presentaron alegaciones durante el periodo de información pública.
El Ayuntamiento mantiene que "extremará" el control
Pese a responsabilizar a la Junta de la planificación regional, el Gobierno municipal insiste en que examinará con detalle los proyectos que lleguen a Talavera.
García-Barroso ha reiterado que el Ayuntamiento solicitará informes a organismos como Sanidad, la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Agencia del Agua y ha asegurado que el equipo de Gobierno velará por el cumplimiento de toda la normativa antes de que pueda autorizarse cualquier instalación.
La controversia política sobre las plantas de biometano se mantiene así abierta, con un cruce de acusaciones entre el Gobierno local y el PSOE sobre quién debe asumir la responsabilidad de unos proyectos cuya autorización definitiva corresponde a la Junta de Comunidades.
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