El antes y el después de la dependencia, marcada por la esperada aprobación del nuevo decreto

El primer Consejo de Gobierno del próximo año 2019 aprobará el segundo decreto sobre la Dependencia, que rebajará “sustancialmente” los tiempos que se requieren para realizar una valoración. El presidente regional, Emiliano García-Page ha asegurado que este futuro decreto, que ha contado con la colaboración del sector, aportará seguridad jurídica al sistema de dependencia de la Comunidad Autónoma, y colocará a Castilla-La Mancha “a la cabeza” en tiempos de valoración.

“El objetivo con la aprobación de este decreto es completar el marco normativo y jurídico que ya iniciamos en el año 2016 con la aprobación del decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones que también regula la intensidad y el régimen de compatibilidades”, explica Ana Saavedra, directora general de Atención a la Dependencia.

Pero, ¿por qué esta siendo tan esperando el nuevo decreto de Dependencia? Principalmente porque derogará la normativa que a este respecto aprobó el Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal en 2013 y que sigue vigente. Acabar con este decreto “lleno de restricciones” fue una de las principales promesas que el presidente regional, Emiliano García-Page realizó durante su discurso de investidura, y el hecho de no haberlo aprobado todavía ha provocado críticas muy duras de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

“El Gobierno en estos tres años no ha estado parado, ni siquiera normativamente, hemos dado muchos pasos. En el año 2016 aprobamos lo más importante que era el decreto de compatibilidades, era lo urgente. Paralelamente también hemos aprobado una ley importante para Castilla-La Mancha, para las personas con discapacidad, para las personas en situación de dependencia, como es la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad”, explica Saavedra.

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Principales novedades del futuro decreto

Una de las novedades del nuevo decreto es que introduce un procedimiento específico tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual de atención a los niños y niñas menores de seis años, por la especial urgencia en la atención que requieren y reduciendo el plazo máximo general de resolución a la mitad, es decir, a tres meses. “Vamos a ser la única comunidad autónoma que vamos a tener esta medida incorporada en nuestra normativa”.

Otro de los novedades de este decreto es que por primera vez desde el 2013 se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y también el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia que son: la prestación económica de cuidados en el entorno familiar; la prestación vinculada al servicio y la prestación de asistencia personal.

El futuro decreto también persigue agilizar los trámites para las solicitudes de ayudas y valoración. Con la aprobación de esta medida, se mantendrán solo aquellos indispensables para determinar la situación de dependencia y el derecho de acceso a los servicios y prestaciones. En esta materia se avanza en la simplificación de la documentación necesaria para la comprobación de la capacidad económica.

“Importante también de este decreto es que se establecen unas cuantías mínimas para las prestaciones económicas, en concreto, para la prestación de cuidados en el entorno familiar, va a ser un 33% de la cuantía máxima que le corresponde a cada persona según su grado de dependencia, y de un 10% para las prestaciones vinculadas y para las de asistencia personal”, ha explicado Ana Saavedra.

También este futuro decreto establece la posibilidad de compatibilizar el servicio de centro de día de atención a personas con discapacidad con un 50% de la prestación para cuidados en el entorno familiar. Y también una mejora de las prestaciones vinculadas al servicio de atención residencial para mayores, que tienen un grado 2, que estén en lista de espera de una plaza pública.

Balance “positivo” del 2018 en materia de dependencia

El Gobierno regional asegura que el Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha “se está recuperando” y eso se debe, entre otras acciones a la eliminación de tasas que estableció el anterior Ejecutivo. “Esa confianza tiene mucho que ver con la eliminación de las tasas, que en la pasada legislatura se pusieron para grabar a las personas en situación de dependencia. Muy pronto las eliminamos y por lo tanto esas personas ha confiado y han vuelto a presentar muchas solicitudes”, ha señalado Ana Saavedra.

Según la directora general de Atención a la Dependencia, en lo que llevamos de legislatura han tramitado casi 70 mil solicitudes, tanto nuevas como de revisión de grado. “Estamos hablando de un volumen muy importante de solicitudes de personas que antes ya no solicitaba porque decían que no les iban a atender y ahora han vuelto a confiar y estamos en esa vía de la recuperación del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha”.

“El Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha termina el año con datos históricos”,  ha señalado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que según los datos recogidos por el IMSERSO, 57.665 personas son atendidas por 69.230 prestaciones en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado también que en esta legislatura la revisión de la situación de dependencia está exenta de tasas y que ahora se recibe el doble de solicitudes cada mes que en la legislatura anterior. “Si en la anterior legislatura se recibían en torno a 600 solicitudes, en ésta estamos recibiendo 1.200 cada mes”, ha puntualizado. Sánchez ha recordado que en 2015 había 26.919 personas en los cajones que estaban valoradas y no tenían prestación, mientras que ahora hay unas 5.000 personas pendientes de atender.

Además, en relación a la cobertura, Castilla-La Mancha se situaba al inicio de legislatura en el penúltimo lugar en comparación con el resto de comunidades autónomas, y ahora ha pasado a estar en el tercer puesto, alcanzando un grado de cobertura del 90 por ciento, diez puntos por encima de la media nacional.

La Plataforma habla de un sistema “low cost” en dependencia

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha asegura que este 2018 se ha consolidado “de forma vergonzosa” el incumplimiento del programa electoral y el discurso de investidura de Emiliano García-Page, ya que no solo no ha acabado con los expedientes “guardados en cajones”, sino que según la Plataforma en la actualidad hay 5.742 expedientes durmiendo “el sueño de los justos” en los pasillos de la Consejería de Bienestar Social, 284 más que cuando comenzó la legislatura.

Otra de las críticas de la Plataforma en este 2018 es que los cuidadores familiares están siendo “masacrados” por el Gobierno. “El año va a finalizar con 3.990 familias menos recibiendo la prestación económica para cuidar a su familiar dependiente, en muchos casos niños, grandes dependientes con enfermedades gravísimas”. Además según la Plataforma, “más de 4.500 dependientes han fallecido esperando a ser atendidos, a pesar de tener reconocido el derecho por ley en virtud de su valoración de grado”.

Además, según la Plataforma a esas 4.500 personas que han fallecido hay que añadir los 6.927 dependientes reconocidos que se encuentran en el llamado “limbo de la dependencia”, es decir, que no están recibiendo “absolutamente nada”, a pesar de tener reconocido por ley ese derecho. La Plataforma ha recordado que a día de hoy en Castilla-La Mancha se sigue valorando la situación de dependencia bajo el “decreto Cospedal”, una norma que fue “fuertemente criticado por el Gobierno cuando estaban en la oposición y que se comprometieron a derogar de forma inmediata en caso de llegar al Gobierno”.

“Durante el 2018 se ha consolidado un sistema low cost en dependencia, aumentando de forma exponencial los servicios concedidos que llevan copago por parte del dependiente y que en muchos casos tiene que renunciar a ellos”, asegura la Plataforma que concluye asegurando que este año se ha confirmado la misma forma de actuar en esta materia que el anterior Ejecutivo, “intentando silenciar y amedrentar a todos los que dicen y demuestran la realidad de los dependientes en nuestra región”.