La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles, entre otros asuntos, la licitación del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible de Toledo, con un importe de 99.825 euros. Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, este documento servirá de referencia al futuro POM y busca una reordenación de la ciudad bajo el principio de la sostenibilidad.
El vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, ha asegurado que este proyecto pretende hacer compatible la movilidad y el transporte "con el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente”. El adjudicatario de esta asistencia “deberá presentar una análisis de la situación actual y un diagnóstico del transporte, de la movilidad y de los aparcamientos”. Además, deberá proponer actuaciones “en materia de movilidad urbana, transporte público, aparcamiento y movilidad peatonal”, con especial incidencia en los itinerarios en los entornos escolares.
Tal y como explica el Ayuntamiento de Toledo, el Plan deberá incluir también estudios concretos sobre las intersecciones y las glorietas, la zona Safont-Azarquiel y las conexiones entre la Estación de Trenes, la Estación de Autobuses y el acceso al Casco, y de la movilidad en torno a Zocodover, la Universidad y el nuevo hospital.
Entre los objetivos del documento “estará el uso racional del vehículo privado el desarrollo y la mejora del transporte público, propuestas sobre los desplazamientos peatonales y no motorizados, la disminución del consumo energético, la regulación de los aparcamientos” y el resto de elementos que confluyen en la movilidad de la ciudad.
En concreto, la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del expediente de contratación de asistencia técnica para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado en un 80% por el Fondo de Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
Según Sabrido, una vez adjudicado, y tras el proceso de elaboración del documento, se abrirá un proceso de participación para incorporar las propuestas ciudadanas. El equipo de Gobierno espera tener el texto definitivo en el plazo de un año desde la firma del contrato.
El PAU de Vega Baja
Por otra parte, se ha dado el visto bueno al inicio del expediente para la resolución del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de la Vega Baja, “un paso más para poner el punto y final” al proyecto que planteaba 1.300 viviendas en la zona. La medida ha contado con el acuerdo entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador “Toletum Visigodo”.
El concejal de Urbanismo ha explicado que el proyecto estaba de facto descartado desde la declaración del BIC de la Vega Baja y la modificación 28 del Plan General de Ordenación Urbana, y ahora se inicia la tramitación “para poner punto y final de manera definitiva al proyecto” aprobado, como ha recordado, en 1999.