Discriminación positiva en las normas de escolarización, petición del Defensor del Pueblo para las familias monoparentales

Foto: Francisca Bravo

En España, los hogares monoparentales están mayoritariamente integrados por una madre con hijo o hijos. Según los últimos datos del INE, son 1,5 millones frente a unos 400.000 de padre con hijos. Este volumen de familias y la constatación de que la monoparentalidad presenta unas “características propias” que en ocasiones está asociada a situaciones de “precariedad y vulnerabilidad económica” han llevado al Defensor del Pueblo a pedir que se aplique la “discriminación positiva” en la admisión del alumnado de estas familias. Lo ha hecho a instancias de quejas procedentes de Castilla-La Mancha pero insta a todas las administraciones a adoptar criterios que favorezcan esta escolarización.

Así lo recoge el Alto Comisionado de las Cortes Generales en su último informe, en el que algunas peticiones atendidas proponen que se introduzcan modificaciones en la normativa vigente autonómica en términos que favorezcan la escolarización de este alumnado para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En este documento, el Defensor del Pueblo explica que el principio de igualdad material que establece el artículo 9.2 de la Constitución debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias monoparentales no queden en situación de desventaja, ya que presentan “una problemática particular por el coste y esfuerzo que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos”.

Una situación "heterogénea" por autonomías

Añade que, hasta la fecha, la legislación estatal no refleja suficientemente en su regulación actual la pluralidad de modelos familiares existentes; y a nivel autonómico, la situación actual es “heterogénea”, pues “no todas las comunidades autónomas han reconocido y regulado este tipo de familias y en muchos casos el legislador ha recurrido a distintas opciones dependiendo de la oportunidad y ámbito de aplicación de la norma en cuestión”.

De esta forma, precisa que, aun cuando ha sido reconocida la pertenencia a familias monoparentales como criterio de discriminación positiva en diversas normas de escolarización o ayudas económicas, en muchas ocasiones no se define qué configuración ha de tener en cuanto a sus miembros para ser calificada de esa manera, "lo que es fuente de problemas e inseguridad jurídica”.

Por ello, plantea a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha la necesidad de introducir modificaciones en las normas configuradoras del proceso de admisión del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos en términos que favorezcan la escolarización. Lo ha hecho tras comprobar que en esta comunidad autónoma no existe normativa legal que defina e identifique con precisión los requisitos que debe cumplir el modelo de familia monoparental ni se incluye esta modalidad entre los criterios valorados en los procesos de admisión.

Educación estudia cambios

Según el Defensor del Pueblo, la Consejería se ha comprometido a estudiar con detenimiento si fueran posibles cambios normativos en el decreto que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en esa comunidad.

Ante esta realidad social, el informe recoge la necesidad de incidir en la necesidad de que todas las administraciones educativas sean “sensibles a este esfuerzo” de las familias monoparentales y adopten, en consecuencia, las medidas precisas para “garantizar la igualdad efectiva de todos los modelos familiares”. Destaca finalmente que en el caso de las familias monoparentales supone “el establecimiento de determinados criterios de discriminación positiva en las normas de escolarización, en condiciones similares a las de las familias numerosas, al ser esta una de las necesidades más demandadas por dicho colectivo”.

Según la Encuesta Continua de Hogares del INE, en Castilla-La Mancha había en 2020 un total de 75.500 monoparentales, frente a las 73.800 de cinco años antes. Esto supone un crecimiento de 1.700, en su gran mayoría mujeres con hijo o hijos a su cargo por diferentes circunstancias, que son las que representan la mayor parte del crecimiento en ese periodo. En la región existen diferentes tipos de ayudas para estas familias pero no una normativa específica en cuanto a la admisión del alumnado en centros públicos.